/Difusión Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito XI/

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En estos momentos se encuentra en debate en nuestro Congreso de la Nación el proyecto de ley que tiene como objetivo la baja de edad de punibilidad. Vemos con enorme preocupación que, una vez más, frente a la compleja situación de emergencia social en la que estamos viviendo, la respuesta del Estado sea punitiva y en contra de nuestrxs niñxs y adolescentes.

Hace 3 años compartimos el texto que copiamos a continuación. Lamentamos profundamente que, desde este tiempo hasta hoy, no solo no se haya hecho nada para mejorar la situación social en la que vivimos, sino que se vea enormemente agravada y deteriorada.

Una vez más repudiamos toda medida que atente contra los derechos conquistados y que sea en detrimento de una de las poblaciones más vulneradas como los son nuestrxs niñxs y adolescentes.

Este Consejo Directivo y sus comisiones de trabajo dicen NO A LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD.

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Frente a la insistencia de nuestras autoridades nacionales en instalar la necesidad de bajar la edad de imputabilidad en delitos graves en la agenda pública, compartimos nuestra preocupación y repudio.

Consideramos que esta respuesta frente a los gravísimos hechos de inseguridad que estamos viviendo, es una estrategia que sólo aporta a una escalada de violencia que lejos de resolver el problema, lo incrementa.

Los grandes medios de comunicación, en su pleno ejercicio de producción de subjetividad, nos someten a un bombardeo mediático, que sólo puede tener como objetivo la instalación del tema, con el fin de crear el ‘consenso ciudadano’ necesario para su legitimación. Por eso consideramos necesario remarcar que: las estadísticas demuestran que el delito juvenil no es más que un 3,5% del total y sólo el 1% de ellos corresponde a delitos graves. Frente a estos números, queda clara la estrategia de etiquetamiento y criminalización de un sector de la sociedad, que no guarda relación alguna con el verdadero origen de la problemática.

Este tipo de estrategias mediático-punitivas lejos están de intentar abordar la problemática que presentan. Ya desde los datos arrojados resulta ridículo insistir en que el problema del delito se resuelva pensando en políticas para tratar los delitos graves que son sólo del 1%.

Pretender resolver el problema de jóvenes que delinquen a partir de medidas represivas deja al descubierto la ausencia de políticas públicas que deberían brindar promoción y protección de derechos a nuestrxs niñxs y adolescentes.

La estrategia punitiva no se centra en la lucha contra el delito sino principalmente en la segregación y represión diaria de estos sectores más vulnerantes de la población. ¿Ahora bien, es ese realmente el problema en estos sectores de la población? el ser responsables del 1% de los delitos graves los hace sujetos de medidas represivas?

Las problemáticas reales que enfrentan los jóvenes y niños es la exclusión. Según UNICEF “el 30 por ciento de los niños y adolescentes es pobre y otro 8,4 por ciento se encuentra en situación de pobreza extrema”. Resulta espeluznante observar cómo se invierten los valores en esta operación que pretende alterar el orden de prioridad en las políticas del Estado en cuanto a la protección de bienes jurídicos. Cuando estos planteos se realizan, lo que se pone por encima de derechos humanos básicos como son la vida, la salud, la educación, la vivienda, etc., es la protección de la propiedad privada. Queda en evidencia a donde apuntan las medidas punitivas, lo que se busca proteger aquí es el cómo se distribuye la riqueza.

En una entrevista realizada en 2009 a Silvia Bleichmar en el que se debatía el tema, ella expresaba: «La delincuencia juvenil, o infantil, es el síntoma más preocupante de nuestra sociedad actual, ya que pone de relieve el fracaso no de la familia individual, sino de las instancias «parentales» del país, vale decir de protección: judiciales, legislativas, de gobierno, en su carácter de entorno constituyente y protector de la sociedad civil. ¡Remitir a la responsabilidad de la familia individual es un nuevo modo de desresponsabilización de quienes deberían sentirse responsables!”. Resulta necesario enmarcar la discusión, siguiendo esta línea de pensamiento, ya que enfocarse en bajar la edad mínima penal convierte la problemática en algo simplista al no considerar las diversas aristas que implican la situación de los adolescentes en nuestro país.

Freud señaló claramente: lo reprimido intentará por todos sus medios retornar. Así mismo, los sectores excluidos de la población harán lo posible con las estrategias a su alcance para sentirse incluidos; lo cual está determinado hoy día, por tener capacidad para consumir. En una sociedad donde el ser se define por el tener, no se puede pretender que el que nada tiene, (nada es) nada intente para ser.

Cuando los esfuerzos del estado se ponen en las estrategias represivas sobre su misma población y no en el garantizar que todos los habitantes tengan acceso a derechos humanos básicos, la escalada de violencia aumenta. La criminóloga Aniyar de Castro formulaba estas mismas ideas con una máxima que todos los Estados de Derecho deberían incorporar: toda política criminal debe ser política social. La única manera real de prevenir en seguridad es el garantizar el acceso a los DDHH y para ello hay que abandonar las políticas que sólo apuntan a combatir los síntomas, empezar a pensar en políticas de inclusión, para que aquellos excluidos no tengan que recurrir a estrategias violentas para pertenecer.

Si lo que queremos es combatir la criminalidad que rompe el tejido social y altera el contrato social, a quienes se debe perseguir es aquellos que con sus maniobras (que ellos llaman negocios) concentran cada vez más riqueza a costa del 90% de la población.