/Difusión Comisión Provincial por la Memoria/

Al momento de la masacre, la comisaría 3º de Esteban Echeverría tenía siete clausuras, una por resolución ministerial y seis por orden judicial: la primera de 2011, la última de enero de 2018. Todas las órdenes fueron desoídas.

“Lo ocurrido en Esteban Echeverría no fue un accidente inesperado: fue una masacre de la que el Estado es su máximo responsable porque se inscribe en una larga secuencia de decisiones y omisiones políticas. No es producto de la fatalidad o la casualidad sino de una política criminal asentada en la saturación policial de los territorios y el incremento del encarcelamiento”, expresa el informe de la CPM.