/Difusión Comisión Provincial por la Memoria/

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El 29 de julio de 1966, un mes después del golpe de Estado, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía sancionó la ley de intervención de las universidades nacionales.

Esa misma noche, profesores, no docentes y alumnos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ocupaban las facultades en defensa de la autonomía universitaria, fueron ferozmente reprimidos por la Guardia de Infantería de la Policía Federal.

La consecuencia fue el despido y renuncia de unos 700 profesores de universidades argentinas, que continuaron sus carreras en el exterior. Los daños para la educación pública argentina de este episodio trágico fue y siguen siendo irreparables.

En pleno contexto de la Guerra Fría, para la dictadura las manifestaciones políticas eran un claro ejemplo de práctica subversiva. Las universidades públicas, regidas desde fines de la década de 1950 por los principios de autonomía y cogobierno, se habían sumergido de lleno a la vida política nacional y cuestionaban la moral conservadora y cristiana de la Revolución Argentina.