Tanto la denegación del acceso a una información científica y oportuna como la constante amenaza de la criminalización, la restricción de la causal salud para acceder a una interrupción legal del embarazo, la reducción de la disponibilidad de atención, la falta de medicación, la disuasión o el maltrato dentro del sistema de salud, así como la estigmatización social, empujan a las personas que deciden abortar a hacerlo en condiciones inseguras y clandestinas.

Un Sistema Público de Salud que no garantice la accesibilidad a un aborto seguro, atenta contra la dignidad e integridad física al restringir la autonomía de las personas gestantes para adoptar decisiones sobre su propia vida y su propia salud. Las políticas públicas estatales deben garantizar, en todos los efectores de salud, la accesibilidad de las personas gestantes a los servicios de salud sexual y reproductiva.

Reclamamos:

– Consejerías de salud sexual y reproductiva

– Acceso a la interrupción legal del embarazo sin restricciones en todos los Hospitales y Centros de Salud.

– Adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Protocolo Nacional actualizado para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE).

– Acceso y producción pública de misoprostol y mifepristona.

– Aprobación del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) presentado por la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito.

#NUNCA MÁS ABORTOS INSEGUROS
#EL ESTADO ES RESPONSABLE

Consejo Directivo Provincial de CICOP