/Fuente: Sindicato de Prensa de Buenos Aires/

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Repudio y acciones contra la persecución a la prensa en Jujuy

En la represión a las movilizaciones contra la reforma constitucional jujeña hubo graves agresiones contra trabajadores de prensa. Dos colegas fueron arbitrariamente detenidos y el Poder Judicial les secuestró sus teléfonos móviles, pretendiendo inspeccionarlos. Desde el SiPreBA realizamos una presentación ante el fiscal en resguardo de la libertad de expresión. Este miércoles 28/6 se dio a conocer que la fiscalía resolvió no acceder a los celulares.

El 17 de junio, durante la represión a las protestas contra la reforma constitucional en la provincia de Jujuy, los trabajadores de prensa Luciano Aguilar de La Izquierda Diario y Camilo Galli del diario digital El Submarino, fueron arbitrariamente detenidos por las fuerzas de seguridad. Este accionar se sumó a las agresiones que sufrieron durante las coberturas diversos equipos de medios de comunicación, como los de C5N, Télam, TN y Radio Gráfica, entre otros.

Junto a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) nos pusimos a disposición y denunciamos la violenta detención de los periodistas, la cual implica un modo de cercenar y atacar el derecho a la información.

Los compañeros fueron liberados. Pero la persecución no se detuvo. El Poder Judicial jujeño emitió una orden para abrir los teléfonos celulares de Aguilar y Galli. Desde el SiPreBA y la FATPREN realizamos sendas presentaciones ante el fiscal general de la Provincia de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez. Asimismo, remitimos copias a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 2 y el Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública.

En las cartas enviadas manifestamos nuestra preocupación por la imputación contra los trabajadores de prensa y rechazamos la orden de apertura de los teléfonos celulares ya que, “de realizarse, se trataría de un claro ataque al ejercicio periodístico y contra la protección de las fuentes”. Además, señalamos “la necesidad urgente de que cese este ataque a la libertad de expresión y la tarea de informar dentro de un sistema democrático, amparada por diversas leyes y tratados”.

Finalmente, este miércoles 28 de junio se informó que la fiscalía resolvió no acceder a los dispositivos de los periodistas.