IOMA: FABA confirmó que se alcanzó un 40% en la mejora de los aranceles para la primera mitad del año

/Fuente: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires /


IOMA adelantó a junio el incremento de julio

El aumento es del 15% y se suma a las mejoras del 15% y 10% de marzo y mayo, respectivamente. Todavía no se sabe cuándo entrará en vigencia la prometida “compensación por inflación”

IOMA finalmente dispuso la aplicación de una resolución de acuerdo a la cual, el tercer escalón de la primera parte de la pauta arancelaria para el año en curso, que originalmente era del 15% a partir de julio, se adelantó, con el mismo porcentaje al primero de junio.

En marzo se había aplicado un aumento del 15% y otro del 10% en mayo, que sumados al 15% que ahora rige desde junio, se alcanza un 40% en la mejora de los aranceles para la primera mitad del año.

Mientras tanto, no se puede dejar de señalar que el índice inflacionario de los primeros 5 meses de 2023 ha sido de un 42,2%, faltando, al cierre de la presente edición de FABA Informa, conocerse el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, con respecto al número de junio, por lo que se registra un visible retroceso en la retribución profesional de todos los prestadores de salud del IOMA que resulta urgente revertir.

En la última entrega de este medio informativo institucional se había señalado que las autoridades del Instituto habían comprometido el pago de una “compensación por inflación”, cuya cuantía no se había definido y que se abonaría a partir de junio o julio, pero en concreto no ha habido novedades al respecto. Sólo trascendió una versión extraoficial que indica que tal “compensación” se pagaría en “los próximos meses”.

Cuando se delineó a comienzos de año desde IOMA una primera etapa de la pauta arancelaria 2023 para todos los prestadores, definiéndose un 40% pagaderos en tres tramos, se pensaba en una inflación sustancialmente menor a la que lamentablemente se viene dando.

Desde fines de abril, la Federación Bioquímica comenzó a reclamar al IOMA una revisión adelantada de la pauta arancelaria original habida cuenta de la aceleración inflacionaria que ya superaba largamente las previsiones que se manejaban a comienzos de año.

Ahora reina la incertidumbre por la falta de definiciones oficiales con respecto a la realidad arancelaria de los efectores del Instituto, mientras la inflación sigue corriendo, lo mismo que la obligación de hacer frente a los pagos de las distintas etapas de la mejora salarial acordada en paritarias para los empleados de nuestros laboratorios y que transita con porcentajes apreciablemente más altos que los valores que maneja el Instituto para las retribuciones profesionales.

A fines de junio el gobierno provincial comenzó una nueva revisión de la paritaria con los docentes y los distintos sindicatos que representan a los trabajadores de los diversos sectores de la administración pública bonaerense, por lo que es de esperar que, una vez que en julio se definan los montos de los incrementos salariales que inyectarán mayores fondos al IOMA, rápidamente la obra social se ponga al día con sus prestadores.

Sistema sanitario en crisis

En otro orden, es importante poner de relieve la grave crisis de desfinanciación en la que prosigue sumergiéndose el sistema sanitario, con obras sociales sindicales al borde de un verdadero colapso financiero.

En ese sentido, dirigentes de la Confederación General del Trabajo aguardan desde fines de febrero sostener una reunión, a la que definieron como “crucial”, con el Ministro de Economía y ahora precandidato presidencial, Sergio Massa, a efectos de que el gobierno desembolse los fondos previstos en el presupuesto nacional para el año en curso.

Según indicaron voceros de la CGT, las obras sociales sindicales acumularán este año un déficit de más de 132.600 millones de pesos, de acuerdo a las proyecciones elaboradas desde la conducción de la central obrera.

«La situación es crítica, el sistema está prácticamente quebrado», advirtieron desde la conducción cegetista.

La presión sindical se aceleró en las últimas semanas ante el incumplimiento por parte del Ejecutivo Nacional del compromiso de girar a las obras sociales 9.000 millones de pesos por mes para contener el abultado déficit que registran por efecto del impacto del aumento de los gastos por discapacidad, que en la actualidad representan el 75% de los ingresos de Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia el sistema.

Las fuentes sindicales recordaron que el presupuesto votado por el Congreso incluyó una partida extraordinaria de 148.000 millones de pesos destinada al Ministerio de Salud a ser utilizada para financiar el pago de los servicios educativos y de transporte de los afiliados discapacitados de las prestadoras médicas de los gremios.

«El compromiso era girar esos fondos extraordinarios entre 9.000 y 10.000 millones de pesos al sistema por mes, pero hasta ahora no recibimos un solo peso de esos recursos», afirmaron las mismas fuentes en coincidentes declaraciones periodísticas.

Se detalló que en los primeros cinco meses del año el gobierno sólo distribuyó entre las obras sociales un total de 14.000 millones de pesos correspondientes a transferencias demoradas de 2022, a la par que se acumuló una deuda de 38.000 millones por falta de reintegro de tratamientos médicos de alta complejidad pagados por las entidades sindicales, según el informe elaborado por la secretaría de Acción Social de la CGT, que encabeza José Luis Lingeri, al que tuvo acceso Clarín.

De acuerdo con los cálculos proyectados por los gremios, la recaudación prevista para este año para el FSR (que se nutre de un porcentaje fijo de los aportes y contribuciones a la seguridad social) alcanzará a 306.346 millones de pesos. Con esos recursos se deben financiar 109.203 millones correspondientes al pago de los subsidios automáticos del sistema (SANO, SUMA, SUMARTE y SUMA65), en tanto que los gastos por discapacidad insumirán otros 234.155 millones y los reintegros por expedientes SUR unos 95.598 millones. Con ese nivel de erogaciones previstas, el sistema acumula durante el año pérdidas por 132.610 millones de pesos.

«Sin la asistencia comprometida, el sistema está prácticamente quebrado», aseguró Lingeri.

Deja un comentario