/Fuente: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires /

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Con las obras sociales se vienen logrando acuerdos para la revalorización de una importante cantidad de determinaciones de laboratorio.

La Federación Bioquímica acordó con la gran mayoría de las empresas de medicina prepaga un incremento arancelario del 12% para el mes de abril, mientras se continúa negociando con las compañías con las que aún no se cerró trato.

Mientras tanto y como es habitual, continúan de manera permanente las tratativas con las obras sociales sindicales, lográndose acuerdos arancelarios en función de las posibilidades de cada sector, pese a lo cual el dato saliente es que gran parte de las mutuales reconocen la revalorización, a través del aumento del número de unidades bioquímicas, de un importante número de prácticas.

Tal revalorización de determinaciones de laboratorio fue dispuesta por la CUBRA en noviembre y enero últimos.

Entre las diferentes obras sociales hay alguna diferencia con respecto al mes de entrada en vigencia de estos incrementos, o a la forma de comenzar su reconocimiento, a veces en dos tramos, por caso.

Demás está decir que esto representa un importante paso en nuestra actividad dado que numerosas prestaciones pasan a tener un incremento en el número de unidades bioquímicas en los nomencladores, quedando ya así fijados los nuevos valores para el futuro.

Golpe a las obras sociales

En otro orden, a medianoche del jueves 25 de abril, el gobierno nacional dio a conocer un decreto a través del cual se dispuso reducir drásticamente el monto sobre el que se calcula el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) que perciben las obras sociales y que representa una parte sustancial de sus respectivos presupuestos.

Concretamente, ese subsidio pasó del 20% al 3% “del total del 5% de la recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones” que se establecen en la Ley N° 23.660.

Además, se decretó un recorte de 138.000 mil millones de pesos que estaban contemplados en el presupuesto 2023 y tenían como objetivo sostener las actividades de afiliados discapacitados, que requieren de servicios adicionales (como educación y transporte). Pero la conducción de la Confederación General del Trabajo viene sosteniendo una dura discusión con las autoridades del ministerio de Salud sobre qué sucederá con ese dinero.

De todos modos, coincidentes versiones periodísticas no desmentidas por los dirigentes cegetistas, indicaron que ese recorte constituye “uno de los grandes fundamentos, pero no el único”, por los que la central obrera dispuso un paro general para el 9 de mayo.

Por otra parte, la cartera sanitaria nacional, según anunció a fines de abril en una de sus habituales conferencias de prensa el portavoz presidencial Manuel Adorni, realizó una auditoría ordenada por el presidente Milei cuyos resultados motivaron al ministro Mario Russo a dar de baja “programas y contratos por 140.000 millones de pesos dentro de esa área, que es un recorte dentro del Estado empobrecedor”, dijo.

“Se redujo un 60% la planta política donde había roles que se superponían. Se terminaron subsidios a empresas de salud privadas, se dieron de baja a 48 autos de la flota del Ministerio, se dieron de baja el contrato de 619 consultoras”, añadió Adorni sobre lo que llamó la “primera etapa” de la auditoría.

“Se le ha llamado el Estado presente, el Estado te cuida, lo único que hizo es favorecer a algunos amigos de los gobiernos de turno”, acusó el funcionario nacional. Además, mencionó que se empezó a revisar registros de inscripción en el registro de cannabis, REPROCANN, y órdenes de compra no ejecutadas para adquirir tablets o audífonos.