/Fuente: Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires /

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La Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su preocupación y absoluta desaprobación al Proyecto de Ley 2586-D-2025 titulado «Ley de Libertad Inmobiliaria».

Lo presentado plantea la derogación de la matrícula obligatoria, la eliminación de requisitos académicos y la supresión del ejercicio público y colegiado en la supervisión del sector.

Consideramos que sus fundamentos son falaces y carentes de sustentos técnicos que, más que promover «libertad», inducen informalidad.

El proyecto sostiene que su objetivo es “garantizar a los consumidores el derecho a elegir libremente a sus intermediarios”. La premisa planteada es capciosa, a partir de que este derecho ya existe. Ninguna persona está obligada por ley a contratar a un Corredor inmobiliario determinado para comprar o vender una propiedad. De hecho, la compraventa entre particulares sin intervención de intermediarios es legal en el mercado argentino.

La función del Corredor es la de brindar un servicio profesional y no es obligatorio. Lo que establece el orden normativo actual es que quien desea ejercer profesionalmente la intermediación y cobrar honorarios por ello, debe estar matriculado y cumplir con idoneidad académica. Esto más que «coartar» al consumidor lo protege.

Eliminar la matrícula habilitante equivale a permitir que cualquiera se arrogue funciones profesionales sin control ni formación, dejando al consumidor en una situación de total desprotección frente a eventuales fraudes, incumplimientos o negligencias.

La matrícula profesional no es un beneficio corporativo, sino un instrumento público de control, transparencia y protección.

Permite identificar quién está habilitado y constituye responsabilidades y sanciones ante faltas éticas o legales.

Si realmente el objetivo que se desea fuera mejorar el acceso a la vivienda (derecho consagrado por la Constitución Nacional), se deberían dejar de impulsar proyectos regresivos como éste y enfocarse en propuestas estructurales que fomenten verdaderas herramientas e incentivos.

Pero de ningún modo abrir una puerta al desconocimiento, al fraude y a la degradación del mercado.

Desde la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires propiciamos la defensa de la matriculación obligatoria, la formación académica profesional y el control delegado por el Estado a efectos de resguardar la seguridad jurídica en los actos contractuales.

Por lo tanto, rechazamos éste y cualquier otro proyecto de regulación perjudicial para el interés público.

Lilian Ledain Presidente
Santiago López Akimenco Secretario