/Fuente: Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires /

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En Pilar se realizaron avances en la causa contra un falso veterinario que el CVPBA viene denunciando desde 2018. La falta de respuesta de la justicia permitió que siguiera atendiendo animales y provocara graves consecuencias, hasta que un nuevo caso volvió a exponer la gravedad de la situación.

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires expresa su profunda preocupación e indignación frente al reciente caso ocurrido en Pilar, donde, luego de una denuncia de un particular y tras años de advertencias, finalmente se produjeron allanamientos y avances en la causa contra un falso veterinario que está siendo denunciado por nuestro Colegio desde 2018.

Lo que finalmente movilizó a la justicia fue la reciente denuncia de una mujer de 43 años de Pilar, quien había adoptado al perro y, al notar que su estado de salud empeoraba, lo llevó a este falso profesional, identificado como CC. Tras la muerte del animal, otros veterinarios matriculados de la zona constataron que los estudios realizados eran inválidos y que el acusado nunca había estado habilitado para ejercer.

Celebramos que la nueva conducción de la fiscalía número 3 de Pilar haya impulsado debidamente esta denuncia, tomando en consideración los elementos que el Colegio había incorporado a la causa promovida en 2018. Sin embargo, está claro que, si la justicia hubiera actuado en tiempo y forma frente a los múltiples aportes hechos —testimonios y pruebas incluidos— este caso (y quizás muchos otros que al momento no han sido denunciados) se podrían haber evitado.

Este señor, que se presentaba a sí mismo como “el veterinario del pueblo”, incluso había llegado a candidatearse para conducir el área de Zoonosis local. Durante años intervino en múltiples casos de atención y operaciones de animales, con resultados no deseados y graves consecuencias.

Insistimos en que lo más alarmante es que este desenlace pudo haberse evitado. Desde 2018, el Colegio inició una causa, aportando pruebas y testigos para intentar frenar el proceder de esta persona, y la falta de respuesta judicial permitió que siguiera actuando impunemente durante años. Una vez más queda demostrado que la justicia tardía no es justicia y que la inacción se paga con vidas.

No se trata de un caso aislado. En la provincia existen otros procesos similares —como el de Virginia Del Oro, denunciada por ejercicio ilegal mientras se desempeñaba como Directora del Centro de Zoonosis de Ituzaingó, y cuyo caso aún espera juicio oral—, que muestran cómo la falta de respuesta oportuna de la justicia deja a la sociedad expuesta a falsos profesionales que juegan con la salud y la vida de los animales.

Desde el Colegio de Veterinarios reafirmamos nuestro compromiso: seguiremos trabajando y denunciando cada caso de usurpación de título y ejercicio ilegal de la profesión. Pero también exigimos con firmeza a las autoridades judiciales mayor responsabilidad y celeridad para actuar.

La sociedad merece confiar en que quienes se presentan como veterinarios lo sean realmente.
Verificar la matrícula profesional no es un detalle: es una garantía de seguridad, de salud pública y de justicia.