/Fuente: Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires /

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Se presentó una carta abierta al Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Dr. Julio Marcelo Conte-Grand, para expresar la profunda preocupación de la institución y de la comunidad veterinaria frente a la falta de avances judiciales en dos problemáticas que impactan directamente en la salud pública, el bienestar animal y el ejercicio profesional en la Provincia.

Durante los últimos años se han impulsado numerosas denuncias ante distintas fiscalías por hechos vinculados al ejercicio ilegal de la medicina veterinaria y a la realización de castraciones masivas clandestinas. Ambas prácticas se han incrementado de forma alarmante en diversas localidades bonaerenses. A pesar del volumen de evidencia presentado y del trabajo sostenido en cada actuación, los procesos judiciales no han mostrado avances significativos.

Ejercicio ilegal: una amenaza creciente para la salud pública

Continúan registrándose casos de atención de animales por personas sin título habilitante, muchas veces derivados de la proliferación de cursos informales de “auxiliares veterinarios”. Estas intervenciones, además de constituir un delito, generan daños a los animales y exponen a la comunidad a riesgos sanitarios evitables.

A lo largo de los últimos años se han presentado alrededor de una veintena de denuncias debidamente documentadas, sin obtener respuestas eficientes por parte de las fiscalías intervinientes. La falta de impulso procesal agrava la situación y permite la continuidad de prácticas que afectan el ejercicio profesional y comprometen la salud pública.

Castraciones clandestinas: riesgos sanitarios y vulneración del bienestar animal

También se reiteró la preocupación por la realización de castraciones masivas en domicilios particulares, centros comunitarios, jardines de infantes y otros espacios no habilitados. Estas prácticas, organizadas en muchos casos por asociaciones proteccionistas, transgreden las normas vigentes, exponen a sectores vulnerables y someten a los animales a condiciones indignas que han derivado en daños irreparables y muertes evitables.

Los Inspectores Honorarios creados mediante convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario llevan adelante tareas de fiscalización. No obstante, la falta de acompañamiento de fuerzas de seguridad en algunos operativos ha generado situaciones de hostilidad que ponen en riesgo su integridad física.

Llamado a una acción judicial coordinada

La carta remitida al Procurador General reafirma la voluntad de trabajar de manera articulada con el Ministerio Público para lograr intervenciones rápidas y efectivas que desalienten estas prácticas ilegales. Se señala la necesidad de que las fiscalías otorguen a estas denuncias el tratamiento que la normativa exige y que la problemática amerita, a fin de garantizar procedimientos adecuados y evitar que actividades contrarias a la ley continúen replicándose sin consecuencias.

El presidente de la institución, médico veterinario Osvaldo Rinaldi, reiteró su plena disposición para avanzar en las acciones que el Procurador General considere necesarias, con el propósito de alcanzar soluciones concretas y duraderas.