Profesionales

El Colegio de Trabajadores Sociales se pronunció en defensa del ejercicio profesional en las Curadurías de Buenos Aires

/Comunicado Mesa Ejecutiva Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires/


pronunciamiento catsba

El Colegio Profesional de Trabajadorxs Sociales de la Provincia de Buenos Aires se pronuncia por la defensa del ejercicio profesional de lxs colegas que se desempeñan en el área social de las Curadurías Oficiales, dependientes de la Curaduría General, siendo  una de las áreas que integran la Procuración General del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.

Lxs Curadores Oficiales son los responsables de ejercer la función de Curador o de Apoyo de personas con discapacidad o padecimiento mental, a partir de un juicio de Determinación de la Capacidad Jurídica. En el marco de sus funciones, el apoyo más frecuente que ejercen las Curadurías Oficiales es el patrimonial, de allí que la particularidad de estas dependencias es, entre otras, la administración de los recursos económicos de lxs usuarixs.

Desde el año 2017 la Auditoría Contable de la Curaduría General se encuentra  desarrollando un estricto control en cada dependencia, evaluando aspectos  técnicocontable-administrativos. En ese contexto, efectúan recomendaciones a lxs curadorxs, vinculados a la profesión, a saber, que el Servicio Social por un lado “preste conformidad en planillas de asistencia de los Acompañantes Terapéuticxs”, que “preste conformidad a la razonabilidad en las rendiciones de gastos que éstos hicieren”, además de que “las órdenes de pago sean emitidas por el Servicio Social”.

Tales recomendaciones a la vez que exigencias, se tornan contradictorias con la tarea identificada por lxs trabajadorxs sociales que allí se desempeñan, como así también a las
incumbencias profesionales previstas en la Ley Federal de Trabajo Social N° 27072. Al realizar un análisis crítico y detallado acerca de la función inherente a la profesión, con el reconocimiento de las condiciones laborales actuales que atraviesa el proceso de intervención – sin movilidad, sin nombramientos ni cobertura de vacantes por jubilación, en condiciones edilicias deficitarias y hasta sin espacio propio, con una excesiva judicialización y burocratización y consecuente sobrecarga laboral -, se observa cómo se ve afectado de manera directa la calidad de dicho proceso, es decir, la supervisión del  plan terapéutico del lxs usuarixs.

Frente a esta coyuntura, en el marco de las atribuciones del Colegio Profesional, nos manifestamos por la defensa de lxs matriculadxs con el objetivo de asegurar el libre ejercicio de la profesión conforme al marco normativo, rechazando, por lo tanto, las recomendaciones realizadas y solicitando que se arbitren los medios institucionales oportunos para revertir tal situación, por considerar que exceden de acuerdo a los objetivos y actividades del área social, a la tarea que realizan lxs trabajadorxs sociales en ese espacio laboral.

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