Gremiales

CTERA manifestó su preocupación ante los casos de violencia institucional en el aislamiento

/Difusión SUTEBA/


Desde la Confederación de Trabajadorxs de la Educación de la República Argentina expresamos nuestro repudio y profunda preocupación por los crecientes casos de violencia institucional registrados en distintas provincias de nuestro país, en el marco de la aplicación del DNU N° 297 de 2020.

Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio se han registrado más de un centenar de casos de violencia por parte de algunos efectivos de las fuerzas de seguridad, en su enorme mayoría contra personas de los sectores vulnerados. Entre las víctimas se registraron personas en situación de calle, vecinxs de los barrios populares e inclusive Trabajadorxs en tránsito hacia sus lugares de trabajo.

Los casos se registraron en al menos unas 10 provincias. Entre ellas: Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, Jujuy, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. En algunas de estas jurisdicciones se constató el uso de formas de tortura y humillación pública. Este es el caso de Puerto Madryn, Chubut, donde dos mujeres fueron obligadas por personal policial a desnudarse en una comisaría.

En esta provincia, la metodología represiva salió a la luz luego de que se filtrara un audio del Jefe de Seguridad de Chubut, Paulino Gómez, en el que este le ordena a un subalterno que “saque, detenga y demore gente”. Gómez afirma en el audio que el Ministro (por el titular de Seguridad, Federico Massoni) le reclamaba que no había detenidxs. Posteriormente al hecho, el Ministro Massoni justificó los dichos filtrados en el audio y ratificó a Gómez en su cargo.

Cabe agregar que algunas de estas denuncias fueron presentadas formalmente por Organizaciones Sociales, Políticas y de Derechos Humanos; otras solo trascendieron por videos subidos a las redes sociales por las propias víctimas y/o sus vecinxs. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha intervenido en varios de los casos mencionados.

En este contexto, exigimos a las autoridades provinciales la urgente aplicación de las medidas para prevenir la violencia institucional, redoblando los mecanismos de control sobre los efectivos. En igual sentido reclamamos el inmediato apartamiento de los efectivos acusados por hechos de esta índole y el pronto procedimiento de los sumarios correspondientes.

Asimismo, recomendamos denunciar todo caso de abuso por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y/o provinciales en los canales dispuestos por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación: 0800-122-5878 o a dnpcvi@jus.gov.ar

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