Profesionales

La Federación Bioquímica bonaerense inició negociaciones con obras sociales para lograr incrementos de emergencia

/Difusión Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires/


Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, los gastos de funcionamiento de los laboratorios de análisis clínicos se han visto significativamente incrementados en virtud de los pagos que se deben afrontar para la adquisición de los distintos insumos de bioseguridad necesarios para cumplir con los protocolos estipulados en la emergencia por el Ministerio de Salud de la Nación.

De ese modo, los gastos fijos de nuestros laboratorios se han visto otra vez disparados, ante lo cual, la Federación Bioquímica ha iniciado una ronda de negociaciones con las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga, para lograr que ambos sectores reconozcan la necesidad de los profesionales del laboratorio otorgando incrementos arancelarios de emergencia, más allá del incremento salarial de los empleados, al que se debe hacer frente.

Estas negociaciones están en marcha y esperemos que fructifiquen cuanto antes, más que nada con las prepagas médicas, empresas que siguen cobrando las cuotas a sus afiliados pero que, en estos meses de cuarentena por el coronavirus, han visto sensiblemente reducidos sus gastos por la merma de consultas médicas por parte de miles de sus beneficiarios.

En esta oportunidad, desgraciada por cierto, las prepagas tienen un excedente dinerario con el que pueden y deben atender los reclamos de los bioquímicos bonaerenses, ya que a lo largo del tiempo han desequilibrado la balanza en su favor, sin que los distintos gobiernos pusieran, como lo marca la legislación vigente, un ordenamiento en las relaciones contractuales de las empresas del sector y los efectores de salud que atienden a sus afiliados.

Obras sociales

Por otra parte, el gobierno nacional se apresta a volcar a las obras sociales sindicales unos 4.800 millones de pesos correspondientes a una parte de la deuda que el Estado argentino mantiene con las mutuales gremiales, tema sobre el cual, al cierre de la presente edición de FABAInforma, persistía una fuerte puja entre los gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo, y los denominados sindicatos “moyanistas”, es decir, el gremio de Camioneros y otras organizaciones menores.

Paralelamente, algunos voceros gremiales indicaron que el gobierno nacional subsidiaría a las obras sociales sindicales ante la pérdida de ingresos devenida de despidos y suspensiones que se están produciendo en distintos sectores económicos debido a la cuarentena impuesta por la pandemia.

Por ello, se torna necesario que oficialmente se aclare si los montos que el gobierno girará a las obras sociales son parte de la deuda o si se trata de subsidios o una mezcla de ambas cosas.

Sea como fuere, la puja política entre los gremios por estos fondos es fuerte y de algún modo viene provocando que el gobierno dilate una definición sobre montos y gremios beneficiarios. Inicialmente el gobierno había llegado a un acuerdo con Hugo Moyano y los gremios afines a éste, pero a fines de abril la CGT salió a plantear públicamente su posición y también lo hizo frente al Ministro Ginés González García.

En un encuentro que mantuvieron el Superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini y el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, según una versión periodística, “el sindicalista de Obras Sanitarias planteó los problemas que tienen las obras sociales para mantener la atención médica de los monotributistas, que aportan $1.041 por mes para tener la cobertura de las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), mientras que a un empleado en relación de dependencia se le descuenta casi el doble para el sistema de salud. Los responsables de las obras sociales se quejan de que los costos del sector de la salud se encarecen en muchísima mayor proporción al aumento del aporte de los monotributistas, pero están obligados a brindarles las mismas prestaciones médicas que a un trabajador en relación de dependencia, una de las causas de que el sistema esté desfinanciado y sostenido a veces por recursos que se derivan de los sindicatos”.

La misma versión dio cuenta de que “de todas formas, el sindicalismo logró destrabar $ 4.800 millones que provienen del Sistema Unico de Reintegro, que se creó en 2012 para apoyar financieramente a los agentes del Seguro de Salud, como las obras sociales, ´en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado´. Aún restaría que el Estado les pague a las obras sociales el resto de la deuda, que ahora sería de unos $10.200 millones”.

“Los dirigentes gremiales –se añadió- tienen una carta bajo la manga para el caso de que el Gobierno demore la ayuda a las obras sociales para que puedan colaborar ante el avance del coronavirus: todavía están sin utilizarse unos $10.000 millones del llamado Fondo de Emergencia y Asistencia, que se creó en agosto 2016 mediante el decreto 908 y que está destinado justamente a ´la asistencia en caso de epidemias o emergencias, a programas de prevención aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud, a la adquisición de equipamiento tecnológico, a la adquisición y/o remodelación de efectores propios (como clínicas y sanatorios) y a programas de fortalecimiento institucional de las obras sociales´”.

Sin novedades del PAMI

El PAMI prosigue sin atender los reclamos que desde que asumió la nueva conducción del Instituto, viene realizando la Federación Bioquímica. Ni siquiera se ha respondido favorablemente un reiterado pedido de reunión con la titular del organismo Luana Volnovich. Ya hemos indicado en anteriores ediciones de FABA Informa que a los bioquímicos nos urge que el PAMI otorgue un incremento arancelario extra para ir acompañando los incrementos salariales de los empleados del laboratorio y además, comenzar a definir los principales lineamiento de la pauta arancelaria del corriente año.

También se sigue sin resolver el problema que a los bioquímicos se nos presente desde hace demasiado tiempo con la liquidación de la cápita, divida en un porcentaje pequeño que se abona a los 30 días de efectuada la prestación y el 80% restante cuatro meses después. Queremos reclamar, además, el cese de los débitos injustificados en muchas Unidades de Gestión Local, pero el PAMI sigue sin escuchar.

Cartas a la AFIP y a la SSS

La Federación Bioquímica junto a entidades como Femeba, Femecon, Fopba y otros círculos del interior de profesionales de la salud, enviaron a la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont, y al Superintendente de Servicios de Salud Eugenio Zanarini una carta conjunta solicitando una solución ante la problemática que plantea la actual pandemia.

En la carta enviada a ambos funcionarios se indica que “Los profesionales independientes -autónomos- que nos desempeñamos en el ámbito de la salud, tanto ambulatoria y en internación como prestadores de servicios, tenemos la condición frente a la AFIP clasificada como Monotributistas o Responsables Inscriptos. A pesar de mantener nuestros lugares de atención abiertos, en la situación actual de cuarentena con limitación de la circulación, se han reducido al mínimo las prestaciones ambulatorias. Al momento actual no se ha realizado ningún anuncio para poder paliar la falta de ingresos que estamos atravesando, por lo que en este contexto nos encontramos en peores condiciones que los asalariados, o a los beneficiarios de Planes sociales, jubilaciones o pensiones, dado que nuestros ingresos se reducen a cero y nuestras obligaciones como empleadores de personal técnico y administrativo se mantienen como tales. Debido a ello solicitamos ante la AFIP que durante el tiempo de duración de la pandemia se exima a los profesionales de la salud del pago de las obligaciones patronales del personal que se desempeña en los consultorios y centros médicos durante el tiempo que dure la pandemia; del pago del Monotributo aún perteneciendo a las categorías más altas; y del pago del IVA en los insumos de trabajo”.

“Al momento actual necesitamos que no nos excluyan de los beneficios especiales que se están otorgando, ya que no sólo nos vemos afectados en nuestra actividad diaria, sino que nos vemos mayormente expuestos en algunas de las actividades que desarrollamos, en especial en el ámbito público. Así mismo, solicitamos una reunión con la finalidad de poder profundizar estos temas de manera personal”, se agregó.

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