Gremiales

Ante la reapertura de la paritaria de la Ley 10430, CICOP exigió la convocatoria para los profesionales de la salud

/Difusión CICOP/ Fragmento de la Circular N° 38/


Lxs trabajadorxs de la Salud en medio de la pandemia

Desde fines de 2019, la pandemia del covid-19 viene afectando a la mayor parte de la población mundial, dejando a su paso millones de personas que han enfermado y miles de fallecidxs. Desde que la OMS declaró la emergencia de la salud pública el 30/1/20, los últimos datos indican que ya se han superado los 30 millones de contagiadxs y más de 954.000 personas perdieron la vida. Encabezan la lista de países con mayor número de contagios Estados Unidos, India y Brasil, ocupando Argentina, a la fecha, el décimo puesto.

En nuestro país, los números continúan siendo alarmantes, tanto en su crecimiento  como en su extensión. Sin dejar de aumentar los contagios y muertes en la zona denominada AMBA, la situación en provincias como Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Río Negro es más que preocupante, ocurriendo lo mismo en algunos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, donde se han incrementado los casos exponencialmente. En algunos de estos lugares, ya se han tomado decisiones de restringir actividades o volver a fases de mayores controles, con resultados inciertos.

La pandemia ha puesto al descubierto la situación de los Sistemas Públicos de Salud, afectados por años de desinversión y falta de presupuestos adecuados que garanticen efectivamente los derechos de la población a la mejor atención posible. La salud considerada como mercancía, los sistemas de aseguramiento, las canastas básicas para un reducido número de patologías y la falta de políticas serias de prevención y promoción, dan como resultado respuestas disímiles e inequitativas frente a una emergencia como la que atravesamos.

La otra situación que ha revelado con toda su crudeza la pandemia es la de lxs trabajadorxs de la Salud, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. La precarización laboral instalada en el empleo público a partir de los años 90, con diferentes formas de contrataciones (becas, locaciones de servicios o de obra, contratos temporarios, autónomos y monotributistas), constituyen verdaderos fraudes laborales ejercidos por quienes, desde el poder, deberían velar por los derechos y sus garantías. El Hospital Nacional Posadas y la gran mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires, para no mencionar lo que ocurre en otras provincias, son claros ejemplos de estas vulneraciones que subsisten en el tiempo aunque cambie el signo partidario de quienes gobiernan.

La inequidad entre las diferentes profesiones de quienes integran el equipo de Salud es otra marca de larga data, con ingresos segmentados y desiguales. A diferencia del encuadre de la Ley 10.471 que, como resultado de años de lucha, ubica en un mismo piso de derechos a todas las profesiones que lo integran, no sucede así en otras jurisdicciones. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, donde es emblemática la lucha del sector de enfermería por formar parte de la Carrera Sanitaria y cobrar salarios dignos, con un destrato inadmisible por parte de las autoridades y de otros gremios funcionales al poder.

En este contexto y motorizada desde diferentes espacios, la Jornada del lunes 21/9 tiene como protagonista central al personal de enfermería y sus reclamos específicos y sentidos, con el agravante de ser, además, el sector más golpeado por la pandemia en número de fallecimientos. En la última sesión del Consejo Directivo Provincial, CICOP resolvió adherir y apoyar la convocatoria, decisión que llevamos también a la Mesa de Organizaciones de Salud de AMBA, sumándole los reclamos generales de todo el equipo de Salud.

Con diferentes actividades, tanto locales como centrales, será otro día de lucha en el que visibilizar y exponer la defensa de la Salud Pública junto con los derechos de todxs sus trabajadorxs. Desde CICOP, aprovecharemos la oportunidad para expresar también nuestros reclamos específicos, encabezados por la demanda de convocatoria a la paritaria de nuestro sector, en un marco en que la Salud debiera ser prioritaria.

Convocatoria a la Paritaria General del Estado

Después de los fuertes reclamos de los gremios estatales, donde nuestro sindicato ocupó un rol central, finalmente el Gobierno provincial convocó a la Paritaria General del Estado Ley 10.430 para el día miércoles 23/9. Las rápidas respuestas de lxs funcionarixs ante las demandas de las fuerzas policiales bonaerenses, sin tomar en cuenta la situación de retraso salarial y las condiciones del conjunto de lxs trabajadorxs que se desempeñan en las diferentes áreas del Estado provincial, generaron un profundo malestar en todos los sectores. Así fue expresado públicamente en el comunicado que firmamos junto a otras diecisiete organizaciones, representantes del más amplio arco sindical que se logró reunir.

CICOP forma parte de la Paritaria General del Estado, con representación propia y discusión de temáticas que involucran posteriormente las cuestiones específicas, como por ejemplo el básico de nuestro salario. Sin embargo, el ámbito específico de lxs profesionales de la Salud es el de la Paritaria Ley 10.471, cuya convocatoria debería haberse producido en el mes de junio por el compromiso firmado en el acta acuerdo que el Gobierno provincial incumplió de modo flagrante. Esa demanda, que venimos haciendo desde hace varios meses, será lo primero que llevaremos a la reunión del día 23/9.

Lxs profesionales de la Salud tenemos un extenso pliego de reclamos que deben ser discutidos en nuestra paritaria. Sin dudas, el salario tan deteriorado es una expresión concreta del escaso reconocimiento para quienes enfrentamos a diario la atención de la población, algo que sucedía antes y se ha exacerbado durante la pandemia. Un sueldo inicial de $ 46.800, cuando la canasta que calcula la Junta Interna ATE-INDEC está en $ 70.616 y esta cifra apenas la alcanzan quienes tienen 30 o más años de antigüedad en el sistema de Salud provincial, da cuenta de que, más allá de elogios y aplausos, lxs trabajadorxs de la Salud continuamos siendo la variable de ajuste en la concepción de quienes deben tomar decisiones.

Las licencias para grupos de riesgo y progenitorxs con hijxs a cargo continúan sin resolverse. Por otro lado, es inaceptable que la prolongación de la emergencia sanitaria impida que se acceda a los días de descanso que le corresponden a trabajadorxs exhaustos y sobrecargadxs después de todos estos meses. La problemática ha sido planteada firmemente en el Comité de Crisis y debe resolverse en forma perentoria. Las cifras oficiales, al 14/9, indican que asciende a 19.285 el número de trabajadorxs de la Salud contagiadxs en la provincia de Buenos Aires, así como son 90 lxs fallecidxs al 17/9.

El  significativo retraso en la resolución de expedientes de interinización de becarixs, concursos de ingresos y jefaturas de servicio, expresa otro acuerdo paritario incumplido. Del mismo modo, la situación de lxs residentes y las modificaciones de su Reglamento, así como la correcta aplicación del Decreto de Desgaste – con el abordaje de nuestra situación previsional en forma integral – y la urgente puesta en marcha de la Mesa que avance en el tratamiento y resolución de las situaciones de violencia, son todos reclamos que requieren abordaje paritario en el lapso más breve posible.

Economía, desigualdades, pobreza

La pandemia también ha sumido a las economías de todos los países en profundas crisis de las que será difícil salir en el corto plazo, sobre todo porque aún no se avizora el comienzo de otra etapa, la que traiga aparejada la posibilidad de acceder a una vacuna efectiva. A pesar de que las investigaciones avanzan en distintos lugares y con diferentes expectativas, pasará un tiempo hasta que ese horizonte se alcance con accesibilidad garantizada para el conjunto de la población.

La crisis a nivel global también afecta en mayor medida a quienes partimos de situaciones más endebles. Si bien la recesión en nuestro país se aceleró en el último período, a partir de abril de 2018, hace años que el empobrecimiento no ha dejado de expandirse. En este contexto, la pérdida de fuentes de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas, así como el aumento de la precarización laboral, ha significado una brusca caída en los ingresos de los hogares. Las medidas puestas en marcha para paliar estas situaciones han sido insuficientes y la reactivación está lejos de producirse. Según el Observatorio de la UCA, en su medición multidimensional, la pobreza ya alcanza el 45 %, y va en alza. Los niveles de desigualdad, por otro lado, no dejan de profundizarse en un panorama de tanta complejidad.

Después de haber acordado el diferimiento de los pagos de una parte de la deuda externa, sin investigación alguna acerca de su adquisición ni cuestionamientos sobre las prioridades de la hora, el Gobierno tiene ahora por delante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, otro capítulo de expoliación financiera que tampoco parecen estar dispuestos a poner en cuestión, mientras se abre un cúmulo de interrogantes acerca de cuáles serán las condiciones que el organismo multilateral de crédito va a exigir para avanzar en el trato.

El impuesto a las grandes fortunas, entre tanto, transita por las comisiones legislativas sin apuro, ni siquiera de sus impulsores. A la demorada iniciativa oficial, no se le ha sumado el gravamen sobre las rentas ni tampoco hay en el horizonte la perspectiva de una reforma tributaria no regresiva como el esquema actual, donde están lejos de pagar más quienes más tienen.

En este escenario, antes de que ingresemos en un período de post pandemia con características inciertas, serán lxs trabajadorxs y los sectores más vulnerables de la población quienes paguen las mayores consecuencias del ajuste. Como organización gremial, CICOP deberá mantener el estado de alerta en el medio de las limitaciones de la hora que nos toca transitar, llevando adelante todos los debates que sean necesarios en asambleas y espacios de discusión colectiva, avanzando hacia las mejores decisiones que tengan como ejes la defensa de la Salud Pública, los derechos de sus trabajadorxs y el Derecho a la Salud de la población.

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