Gremiales

Organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos piden de forma “urgente terminar con la criminalización del aborto”

/Difusión ATE Nacional/ Adhesión al comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales/


La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud. Comunicado conjunto, impulsado por el CELS y la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, sobre la necesidad de que el Congreso legalice la interrupción voluntaria del embarazo:

La larga lucha por el derecho al aborto voluntario, en condiciones de salud, igualdad y dignidad tiene una nueva oportunidad política para lograr su objetivo. Instamos a que el Congreso de la Nación asuma su parte en la historia de la ampliación de derechos.

Durante el debate de 2018 muchas veces se aludió a la baja aplicación de la ley penal para perseguir casos de aborto y se habló de la existencia de una despenalización social. Sin embargo, si analizamos el fenómeno en su complejidad, los números de la criminalización son significativos.

Entre 2012 y la actualidad registramos en medios de todo el país 73 casos de criminalización de mujeres por abortos u otros eventos obstétricos. En los 26 abortos y los 47 eventos obstétricos relevados la abrumadora mayoría de las mujeres pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Se trata de mujeres que necesitaban el cuidado del Estado y la garantía de sus derechos. Sin embargo, la política penal que sostiene la persecución de abortos se orientó y orienta hacia las mujeres pobres.

La mayoría de las mujeres -no encontramos varones trans o personas no binarias criminalizadas- tiene menos de 30 años y muchas de ellas tienen une o más hijes. Cuando nos referimos a eventos obstétricos aludimos a casos como los de Belén: situaciones en las que una complicación en un parto inesperado, un parto en condiciones paupérrimas o un aborto espontáneo terminan en acusaciones penales graves. En el 50% de los casos de aborto y en más del 75% de los eventos obstétricos estuvieron detenidas.

La mayoría de estas mujeres estuvo sometida a investigaciones penales que no respetaron el debido proceso. Muchos de los casos fueron denunciados por personal de salud, en violación de la garantía de confidencialidad en la atención médica, y fueron maltratadas durante la internación, lo que supone hechos de tortura. Gran parte de ellas sufrieron allanamientos ilegales, fueron sometidas a interrogatorios forzados, obligadas a declarar contra sí mismas y tuvieron un nulo o deficiente asesoramiento legal. Muchas veces el pedido de auxilio de sus familiares para salvar la vida de esas mujeres fue utilizado como una denuncia por las autoridades para iniciar investigaciones penales. Se trata de procesos atravesados por prejuicios de clase y de género, en los que las autoridades no garantizaron un tratamiento justo o digno, sino que demostraron un singular ensañamiento.

El círculo del castigo no se reduce a los procesos penales abiertos, a los días esposadas en camas de hospital, ni a la amenaza real de terminar encarcelada por buscar atención de salud. La criminalización se inserta en un dispositivo de castigo más amplio que involucra a medios de comunicación, efectores de salud, policías de guardia en centros de salud y comisarías, personal judicial y agentes del servicio penitenciario. Muchas de estas mujeres están en los diarios porque sus nombres fueron “filtrados” a la prensa como un castigo social suplementario, con coberturas estigmatizantes, que repercuten en su vida, en la de sus hijes, en sus familias y afectos.

La penalidad del aborto se afirma como un control sobre el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres. El desprecio por la información sobre su salud y el tratamiento recibido es tal, que lo que es confidencial pasa a ser la noticia de un hecho que se ventila sin ningún cuidado. Se las juzga como si pudieran tomar decisiones de forma libre y autónoma, se las estigmatiza como asesinas, y para construir esas figuras se invisibilizan las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran. Algunas de estas mujeres dijeron haber sufrido una violación y por desconocimiento o temor no accedieron a una interrupción legal del embarazo.

La amenaza penal impacta sobre todas las personas que interrumpen un embarazo. Pero sólo encarcela y castiga a quienes carecen de las herramientas simbólicas o materiales para acceder a un aborto seguro, dentro o fuera del sistema de salud.

Legalizar el acceso al aborto a partir de un sistema de plazos es urgente. No podemos seguir esperando, a merced de la discrecionalidad de efectores de salud, policías, fiscalías, jueces y juezas. Los costos de la ilegalización corren por cuenta de las miles de mujeres, varones trans y personas no binarias de diferentes edades, niñes, adolescentes y adultes empujades a la clandestinidad y a la incertidumbre sobre su salud y libertad. A mayor pobreza, más expuestas están a los abortos inseguros.

Es urgente que el Congreso trate y apruebe un proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Necesitamos más derechos y menos condenas.

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

CELS

CUSAM

Categorías:Gremiales

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