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El CECIM La Plata denuncia que “Con la excusa de reconocimientos a Veteranos se impulsa un proyecto de ley que pone en riesgo la sustentabilidad del IPS”

/Difusión Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata/


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Con la excusa de reconocimientos a Veteranos de Guerra impulsan proyecto de ley que pone en riesgo la sustentabilidad del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.

Los centros de excombatientes de Berisso y La Plata (CEVECIM y CECIM) tomaron conocimiento del proyecto presentado por el Diputado Provincial Diego Rovella, (Juntos por el Cambio), que pretende incorporar a beneficios provinciales a Militares que tengan lugar de residencia en cualquier jurisdicción del país.

La Ley provincial Nº 12.006, sancionada en 2008 y actualizada con las modificaciones introducidas por las leyes Nº 12.317, 12.401,13.324, 13.563 y 13.980, establece el otorgamiento de una pensión “Honorífica de la Provincia de Buenos Aires en reconocimiento de los ex combatientes del Conflicto Bélico de las Islas Malvinas”, incorporando también al personal de cuadro de las FF.AA.

El Diputado Provincial Diego Rovella de la sección capital (La Plata) pretende modificar el artículo de la norma vigente que establece que los beneficiarios tienen que cumplir con la condición de tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires al 2 de Abril de 1982 y al momento de solicitar el beneficio. La modificación planteada es solo que cumplan con el requisito de domicilio al 2 de Abril de 1982.

Como lo venimos advirtiendo, y así lo hicimos ante las autoridades del IPS con una nota entregada al actual Presidente Diego Santín, es que si el IPS no establece un mecanismo de control exhaustivo en análisis del otorgamiento de los beneficios al personal que participó en la guerra de Malvinas como personal de cuadro, se abre un “agujero negro” de recursos previsionales que ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema ya en crisis.

Si avanza la pretensión del Diputado Rovella incluiría a todos los militares que residan en la actualidad en cualquier provincia del país y con el solo hecho de haber cumplido servicio en una unidad militar en el territorio bonaerense que participó en Malvinas, reclame el beneficio de pensión.

En la actualidad hay beneficios otorgados de la Ley 12006 a ex militares que no cumplen con los requisitos establecidos en dicha Ley vigente y sus modificatorias. Hemos detectado casos de pensiones otorgadas a personas que se encuentran procesadas, y peor aún, casos de condenados por violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura cívico militar situaciones que son condicionantes excluyentes para acceder al beneficio.

Originalmente, las pensiones –de “carácter mensual y vitalicia”– estaban dirigidas a los exsoldados conscriptos y civiles que participaron en acciones de combate durante la Guerra de Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, siendo los conscriptos quienes cumplieron con una carga pública, el Servicio Militar Obligatorio. Sin embargo, debido a las modificaciones introducidas a la norma original, se incluyó a cuadros de las Fuerzas Armadas.

A partir de esa modificación el número de beneficios otorgados por el Instituto de Previsión Social provincial se elevó a más de 8500 beneficiarios, datos que no se ajustan a la cantidad de bonaerenses que participaron en Malvinas con domicilio en la provincia en 1982. Esto ocasiona erogaciones millonarias por parte del IPS por beneficios mal otorgados.

Desde el CECIM y CEVECIM sostenemos que no hay lógica alguna para que se llegue a semejante cantidad de beneficios otorgados, es imposible que en el año 1982 hubiese esa cantidad de militares viviendo en la provincia de Buenos Aires que participaron en la Guerra de 1982.

En relación con la cifra, esto no cierra bajo ningún criterio, ya que, si desagregamos los 8500 beneficios de pensiones de Malvinas, 3500 corresponden a ex soldados conscriptos y 5500 son la nómina de cuadros militares, números inexplicables de acuerdo a la información que manejamos en nuestras organizaciones, esto está generando graves perjuicios al sistema previsional provincial, con la modificación pretendida por el Diputado Diego Rovella la ecuación sería exponencial.

En relación con este punto, los excombatientes soldados conscriptos cobran el beneficio de la Ley Nº 14.486, que reconoce como ciudadanos ilustres de la provincia de Buenos Aires a los soldados que participaron en la guerra, cifra que no supera las 3.500 pensiones, números acordes con la población histórica de “colimbas” que vivían en nuestra provincia. Es necesario que las autoridades del IPS realicen una auditoría de los beneficios otorgados al personal militar y se generen mecanismos para controlar el domicilio bonaerense anterior al 2 de abril de 1982, requisito que contempla la Ley.

Tenemos certezas que estamos ante la existencia de mecanismos apócrifos utilizados para acceder al beneficio y es por ello que exigimos la revisión total de estas pensiones.

Represores procesados y condenados por delitos de lesa humanidad beneficiarios de la pensión honorífica.

Una de las condiciones que tienen que cumplir para acceder al beneficio de la pensión para el personal militar, es no estar procesados o condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, o sancionados por actos de incumplimiento de sus deberes durante la Guerra de Malvinas. Sin embargo, constatamos beneficios otorgados a miembros de las Fuerzas Armadas que formaron parte del aparato represivo que llevó adelante el genocidio durante la última dictadura y otros que están denunciados por torturar soldados en Malvinas.

Hemos detectado que no hay ningún procedimiento de control sobre el otorgamiento y continuidad del beneficio otorgado.

Encontramos en la actualidad beneficios vigentes de militares condenados y procesados por graves delitos.

Uno de los genocidas identificados es el ex Capitán de Corbeta Daniel Eduardo Robelo, condenado a prisión perpetua en 2016 por delitos de lesa humanidad, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, homicidio calificado y asociación ilícita en perjuicio de 123 personas, en el marco del juicio “Base Naval III y IV″ de Mar del Plata.

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