Gestión Pública

Caso Chano: Desde el Consejo para la Prevención de las Violencias cuestionaron el accionar policial

/Difusión Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires/


Caso Chano: Cuestionan el accionar policial y alertan sobre la “Doctrina Chocobar”

Así lo remarcó el Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), que también criticó la presión mediática para atacar la Ley de Salud Mental y Adicciones.

El rechazo al procedimiento policial que le provocó graves lesiones al músico Chano Moreno Charpentier, además de alertar sobre quienes pretenden justificar y proponen rehabilitar la desterrada “Doctrina Chocobar”, fue lo que expresó el Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL).

Este espacio, que funciona bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo bonaerense y que nuclea a organismos como las cámaras de Diputados y de Senadores, la Defensoría de Casación Penal, la Subsecretaría de Derechos Humanos , el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, cuestionó también la presión mediática para atacar la Ley de Salud Mental y Adicciones.

En ese sentido, desde el COPREVIOL remarcaron la claridad de los protocolos, elaborados en base a esta norma, respecto a las estrategias terapéuticas de atención en casos de urgencias de salud mental como el de Chano.

Explicaron que se deben utilizar los métodos menos restrictivos y, en el caso de emplear la intervención farmacológica o sujeción física o mecánica, se deberá acompañar con un abordaje psicosocial según cada situación.

El Consejo entiende que en todo momento hay que privilegiar la integridad física de todas las partes intervinientes en estas situaciones, por lo que en base a esto cuestionó el procedimiento policial y rechazó la idea de los medios de comunicación de instalar una relación directa entre las lesiones sufridas por Chano y los alcances y disposiciones de la Ley de Salud Mental.

Ante este escenario, el COPREVIOL criticó la intención de descalificar los avances éticos, asistenciales y de derechos humanos que representa la correcta aplicación de la ley, y consideró que se deberá profundizar su implementación concreta en el ámbito nacional y provincial, donde puntualmente se observan políticas públicas del sector altamente comprometidas con los objetivos de la norma vigente.

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