Gremiales

Tras el Congreso Extraordinario, CONADU denunció “prácticas divisionistas” por parte de una agrupación

/Difusión CONADU/


Puede ser una imagen de una o varias personas y personas de pie

CONADU ADVIERTE SOBRE LAS PRÁCTICAS DIVISIONISTAS Y ANTIDEMOCRÁTICAS

Ante los hechos ocurridos en el último Congreso Extraordinario de la Federación, y dadas las publicaciones que una agrupación ha realizado, tergiversando lo sucedido e intentando instalar la idea de una inminente ruptura en nuestra organización, consideramos necesario hacer las siguientes aclaraciones.

El día viernes 24 de septiembre se realizó un Congreso Extraordinario, convocado por la Mesa Ejecutiva de la Federación con el propósito de votar la Junta Electoral que debe ordenar y supervisar el proceso para la renovación de autoridades. La Mesa Ejecutiva de CONADU decidió por unanimidad avanzar sin dilaciones con este procedimiento, que se encontraba postergado en virtud de las disposiciones adoptadas durante la pandemia por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, y que han afectado el normal desarrollo de los calendarios electorales en gran número de sindicatos. La prórroga de mandatos, derivada de la imposibilidad de realizar asambleas de esta índole, había sido establecida por el Ministerio, y se extendió hasta el 31 de agosto. Dos semanas después convocamos formalmente a la realización de este Congreso, cumpliendo todas las disposiciones legales y estatutarias.

El día previo a la realización del Congreso, la agrupación 16 de Abril publicó en redes sociales una declaración en la que anticipa su determinación de cuestionar la asamblea poniendo bajo sospecha la convocatoria, y objetando que se hiciera uso del Estatuto legalmente vigente en la Federación. Como bien saben quienes integran esa agrupación, si bien dicho Estatuto fue modificado en un Congreso en noviembre de 2019, aún no se ha concluido el proceso de homologación que nos permitiría recurrir a esa norma sin poner en riesgo la institucionalidad de la Federación. Dicha reforma ha sido una iniciativa de la actual Mesa Ejecutiva; sería difícil comprender con qué motivo obstaculizaríamos la aplicación de una norma que es expresión de nuestra voluntad política y que favorece el proyecto que representamos.

El día 24 de septiembre, 103 congresales de todas las Asociaciones de Base de CONADU se presentaron en el Congreso, que se realizó en la ex ESMA, en la Casa de la Militancia, y fue precedido por un acto en el que participaron Carlos Pisoni (referente de H.I.J.O.S.), Horacio Pietragalla (Secretario de DDHH de la Nación), Jaime Perczyk (Ministerio de Educación de la Nación) y Hugo Yasky (Diputado Nacional y Secretario General de la CTA de les Trabajadores).

En el momento en que la Comisión de Poderes – que no es elegida por la Mesa Ejecutiva, sino que se compone, como dicta el Estatuto, por la persona responsable de la Secretaría de Organización, de la Secretaría de Finanzas, y un o una integrante del sindicato a cargo de la organización del Congreso – presentó el resultado de la acreditación, y su resolución sobre tres casos en torno a los cuales se había planteado una controversia, pasando a requerir que se propusieran las autoridades del Congreso, un grupo de congresales interrumpió violentamente el desarrollo de la reunión, apoderándose uno de ellos del micrófono, produciendo roturas en el equipo de sonido, insultando a compañeros y compañeras, y amenazando incluso a trabajadores que se encontraban haciendo tareas de apoyo.

La controversia en cuestión, y que fuera esgrimida en el Congreso como el motivo de este escándalo – aunque llamativamente la agrupación 16 de Abril no lo explica en sus comunicados – no se produjo en relación con el número de congresales, que es el mismo que fue acreditado en el último Congreso Ordinario, como indica el Estatuto. Consistía en la situación de tres congresales titulares electos en los sindicatos de la Universidad Nacional de San Juan (SIDUNSJ), la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (ADEIUNAJ). En los tres casos, las nóminas presentadas desde sus Secretarías Generales excluían a congresales que, elegidos oportunamente por las personas afiliadas a esos sindicatos, no sólo tenían el derecho a ejercer su función sino que habían manifestado expresamente su voluntad de cumplir con su deber de representación, realizando requerimientos formales ante la Comisión de Poderes y encontrándose presentes en el Congreso. Negarles ese derecho hubiera implicado un acto ilegal y un quebrantamiento de principios básicos de la democracia sindical. Así lo entendió la Comisión de Poderes, y esa es la resolución que informó cuando un grupo de congresales, en lugar de permitir que el Congreso comenzara a sesionar y debatiera de manera ordenada todas las cuestiones que pudieran presentarse, resolvió irse del Congreso. Estas actuaciones constan en el Acta del Congreso, en el transcurso del cual estuvo presente todo el tiempo un veedor del Ministerio de Trabajo.

El Congreso, que contaba con quórum, eligió sus autoridades y continuó sesionando con la presencia de representantes de 20 Asociaciones de Base, que finalmente procedieron al voto secreto de la única propuesta de conformación de la Junta Electoral que se presentó. El resultado de esa votación fue de 57 votos afirmativos y una abstención. Si las y los congresales que se retiraron se hubieran quedado, y suponiendo que fueran capaces de formular una propuesta común para disputar la conformación de la Junta Electoral, habrían podido contar con su legítima representación en ella (1 de 3 integrantes). La democracia exige, cuando se es minoría, asumir ese rol con responsabilidad. Pero es evidente que la intención de quienes se retiraron del Congreso era impedir que la votación tuviera lugar, y centrar su accionar en el ataque a la Federación. Elegir el camino de desacreditar los procedimientos colectivamente establecidos para la deliberación y toma de decisiones , luego de pretender imponer extorsivamente una alteración arbitraria de las nóminas de representación que era ilegal y discriminatoria, es una decisión política de cuyas consecuencias quienes tomaron esta actitud deberán hacerse cargo.

Porque esa decisión es grave, y más grave aún que se juegue con la idea de una ruptura de la Federación, que no es una consecuencia necesaria de este acontecimiento, aunque podría ser el propósito de quienes han promovido esta situación y parecen hacer todo lo posible por agravarla. Quienes, pudiendo constituir una digna minoría, optaron por abandonar su responsabilidad como congresales para intentar deslegitimar la voluntad mayoritaria que se expresaría en el Congreso, deberían ahora reflexionar seriamente sobre sus próximas acciones. El diálogo es necesario, pero se construye con respeto, y no puede pretenderse que su condición de posibilidad sea la ruptura de las reglas que institucionalizan nuestra democracia sindical.

El divisionismo en las organizaciones del campo popular es una práctica profundamente reaccionaria y constituye, especialmente en el actual contexto social y político, una gran irresponsabilidad. Instamos a las compañeras y compañeros que han adoptado esta lamentable actitud a encauzar sus aspiraciones en el marco de las regulaciones que nos hemos dado para dirimir democráticamente nuestras diferencias, y a prescindir del uso del agravio, la mentira y el escándalo, que lesionan a nuestra Federación, y no llevan consigo otro programa que el de la destrucción de los espacios de la representación colectiva de las trabajadoras y los trabajadores.

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