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Contaminación: con el patrocinio de la UNLP, vecinos de Florencio Varela obtienen fallo contra empresa fundidora de plomo

/Prensa UNLP/


La demanda colectiva se inició en 2011 y contó con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP.

Después de 15 años de reclamo, vecinos del barrio La Rotonda de Florencio Varela, con el patrocinio de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, lograron la condena a la empresa fundidora de plomo Industrial Varela SRL, al Municipio de Florencio Varela y a la provincia de Buenos Aires, por la contaminación a los habitantes y al hábitat.

En el año 2011, se inició una demanda colectiva con el patrocinio de la Clínica Jurídica, para detener la contaminación de su espacio vital y de la cuenca del Arroyo Las Conchitas, declarada desde el año 2006 en “estado de crisis ambiental”.

Para los vecinos de la zona, las alarmas comenzaron a sonar a partir de una serie de análisis que revelaron elevados niveles de plomo en sangre detectados en niños y niñas, más la evidencia de problemas neurológicos y de crecimiento, de falta de concentración y dificultad en el aprendizaje que experimentaban en la escuela. Fue entonces cuando se iniciaron los reclamos sociales y luego la presentación jurídica. 

El barrio, ubicado en el kilómetro 32,5 de la Ruta Provincial N° 36 (Avenida Calchaquí), partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, está constituido por 32 manzanas habitadas por más de 3.500 personas, en su mayoría niños y niñas, rodeadas de un anillo de más de 22 industrias pertenecientes -casi su totalidad- a la Segunda y Tercera categoría de contaminación.

Una de las problemáticas que más preocupó a los vecinos desde aquel entonces es la contaminación por plomo, un metal no biodegradable y acumulable cuya fuente preeminente de emisión se asociaba a la actividad productiva de la empresa recuperadora de plomo, Industrial Varela SRL, ubicada en el propio barrio, separada de las primeras viviendas por medio de la calle Berni.

Impulsados por tal situación, los vecinos iniciaron una demanda colectiva por el daño en el ambiente y en la salud de la población, que perseguía el cese de la actividad contaminante de la empresa Industrial Varela SRL, su relocalización o cierre, la remediación del ambiente y la creación de un fondo de compensación ambiental.

La demanda fue llevada adelante con el patrocinio letrado del programa de Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNLP, por medio de la cual se demandó tanto a la empresa fundidora de plomo como al municipio de Florencio Varela y a la provincia de Buenos Aires en su función de contralor.

Es así que se inició un largo y perseverante camino de acción colectiva, de pruebas documentales científicas y periciales, de relevamientos, denuncias, manifestaciones escritas, pedidos de informes y audiencias, de estudios ambientales y sociales, que permitieron demostrar que el plomo se hallaba en el suelo de las calles y viviendas, en el aire, en las hojas de los árboles, y lo más preocupante: en la sangre de niños y adultos. En todos los casos con niveles superiores a los niveles de referencia legislados/recomendados. De estos estudios se halló, por ejemplo, que hasta un 50% de los niños que viven sobre la calle que linda con la industria presentaron plumbemia positiva.

Respecto a los estudios ambientales, la pericia realizada por el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP-CONICET (CIM), detectó la presencia de plomo en el suelo de las calles y viviendas, en el aire y también en las hojas de los árboles, encontrando en todos los casos mayores niveles en las cercanías a la industria. 

Finalmente, el 30 de marzo de este año el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N1 de La Plata, a cargo de la jueza María Fernanda Bisio falló a favor de la demanda colectiva de las vecinas y vecinos del barrio La Rotonda contra la empresa Industrial Varela SRL.

La sentencia estableció el daño ambiental y su vínculo causal con la actividad de la empresa y ordenó que la misma “efectúe el traslado del establecimiento industrial a un predio dentro de un Parque Industrial o reconvierta su actividad, cesando en las actividades que impliquen utilización y/o fundición de plomo”. Asimismo, le otorga un año de plazo como máximo para mudar sus instalaciones o efectivizar la reconversión de su actividad procediendo, de lo contrario, a su cierre. Durante dicho plazo y en forma mensual, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), recientemente Ministerio de Ambiente, deberá presentar ante el Juzgado las mediciones de los niveles de plomo sobre las emisiones gaseosas de la firma, “efectuando la toma de las muestras en momentos en que esté funcionando la capacidad operativa plena de la empresa – todos los hornos- con la intervención conjunta de la entidad designada como perito consultor técnico”.

La jueza encontró también responsabilidad por omisión en el Municipio y en el Fisco provincial ordenando a este último que presente un plan de recomposición del daño ambiental, estableciéndose el plazo para la presentación en la etapa de ejecución de sentencia, conforme al dictamen del organismo consultor técnico. Por otra parte, ordenó a la Municipalidad de Florencio Varela que brinde colaboración en el proceso de remediación y en las obras de infraestructura y de otra índole que eventualmente se requieran de acuerdo a lo que surja del plan de recomposición del ambiente

La sentencia en análisis está destinada a marcar un precedente que permita echar luz sobre los procesos colectivos como herramienta de acción comunitaria en el espacio social y jurisdiccional, con un rol activo y empático de juezas y jueces como instancia de alojamiento del padecimiento social y de su remediación.

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