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La Comisión por la Memoria denunció violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes en el Hogar Servente

/Difusión Comisión Provincial por la Memoria/


Frente a la continuidad de una serie de hechos de malos tratos y torturas el Organismo de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires decidió el cierre del Hogar María Luisa Servente. Sin embargo, el traslado de niños y niñas de entre 5 y 13 años fue intempestivo y violento: de noche, sin explicación ni preparación previa, sin sus pertenencias, en algunos casos descalzos y entre llantos. La Comisión Provincial por la Memoria se encuentra interviniendo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura desde febrero e impulsó previamente presentaciones administrativas, recomendaciones y luego un amparo ante el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata donde se solicitaba el inmediato cese de las graves vulneraciones de derechos que padecían, además de denuncias penales contra operadores del lugar para que se que investiguen todas las responsabilidades institucionales por los hechos.

El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) llevó a cabo de manera sorpresiva e intempestiva el desalojo del Hogar Servente. Niños y niñas de entre 5 y 13 años fueron informados en el momento que iban a ser trasladados y forzados entre llantos a subirse a los vehículos sin sus pertenencias, salvo una bolsita con su pijama, sin saber ni siquiera a dónde iban a ir, algunos de ellos incluso descalzos. Estos traslados no fueron informados ni a los Servicios Locales ni a los Juzgados de Familia que realizan el seguimiento de cada niño/a.

Esta fue la escena final de un proceso sistemático de incumplimientos normativos y una serie de torturas y malos tratos que los niños y niñas bajo responsabilidad del Estado venían padeciendo en este establecimiento oficial: golpes, aislamiento, amenazas, gritos, burlas, sanciones desmedidas, condiciones deplorables de habitabilidad, falta de acceso apropiado a la educación, tratamientos psicológicos o psiquiátricos adecuados y falta de acceso a la información y a la participación en los procesos judiciales y administrativos de los que son parte. En lugar de garantizar derechos, el estado agravó y profundizó violencias atroces.

La CPM comenzó a intervenir en febrero cuando uno de los niños alojados en el hogar ingresó a la guardia del Hospital de Niños de La Plata por presentar dolores en el cuerpo, y denunció haber sido víctima de golpes y otras violencias por parte de un operador. En sus funciones de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se radicó la primera denuncia penal y dispuso una inspección general al dispositivo en la que se relevaron otras situaciones de malos tratos y torturas además de las pésimas condiciones edilicias: humedad, muebles en mal estado, cables eléctricos descubiertos, falta de limpieza, ausencia de griferías y cortinas en las duchas, olor nauseabundo en los baños, aberturas rotas y faltantes de vidrios.

Como consecuencia, la CPM inició una acción de amparo ante el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata donde se solicitó el inmediato cese de las graves vulneraciones de derechos que padecían. Además se requirió la intervención al Ministerio de Salud y el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental frente a casos de niños incorrectamente medicalizados, de la Asesoría de Menores e incapaces y la Defensoría Nacional de Derechos de niños, niñas y adolescentes.

En estos meses el Organismo de Niñez y Adolescencia se comprometió a una serie de medidas contempladas en un Plan de Obras y un proceso de adecuación del régimen de vida, que no se cumplieron y por lo tanto no revirtieron estas violaciones de derechos humanos de manera inmediata ni integral, ni garantizaron su no repetición. No se pusieron en marcha políticas de prevención de la tortura, sanción de sus responsables, ni asistencia a las víctimas y varios jóvenes padecieron nuevas situaciones de violencias.

A principios de julio, cuatro niños se escaparon del Hogar y al ser hallados por la policía deambulando en la calle denunciaron el padecimiento de violencia física, mostrando incluso lesiones. A pesar de esto, no se constataron las mismas y fueron reingresados al lugar que estaban denunciando donde se encontraban presentes los operadores que los habían golpeado. Horas más tarde, dos niñas y luego un niño volvieron a escapar y presentarse en la comisaría donde denunciaron golpes de los operadores. En esta segunda oportunidad, se realizó un examen médico que constató varias lesiones en ambas niñas. Luego de esto fueron nuevamente trasladados al mismo lugar. Si bien una orden judicial determinó un perímetro de exclusión de los dos operadores mencionados, no eran los únicos responsables de las agresiones y los niños y niñas permanecieron alojados allí.

Frente a esto la medida fue el cierre repentino y traslado compulsivo y violento de los niños y niñas –sin sus pertenencias, algunos descalzos y sin explicación o trabajo previo alguno– que fueron alojados en dispositivos dispares y en algunos casos sin respetar los criterios de alojamiento acorde a la edad y necesidades. Esto ocurrió tres días después del último hecho y la medida no fue comunicada en el proceso penal iniciado. Todos estos traslados sucedieron de noche, e incluso en uno de los casos debieron esperar por varias horas en una camioneta hasta poder ser ingresados en un nuevo lugar sin poder ir al baño, comer ni tomar agua. Algunos de los traslados fueron transitorios, durmiendo en el piso por falta de cupo en los destinos y exponiendo a los niños y niñas al cabo de horas a nuevos traslados por falta de planificación adecuada.

En los días siguientes al desalojo del Hogar, la CPM se entrevistó en los distintos dispositivos convivenciales con algunos de los niños y niñas que estaban alojados en el Servente, quienes aportaron desde sus relatos las violencias a las que fueron sometidos. Presentó un detallado informe al OPNyA con todo lo relevado desde febrero y solicitó la ampliación de prueba para que se investiguen todas las responsabilidades institucionales en la causa que tramita ante la UFI N° 3 de La Plata por los hechos que desencadenaron el cierre del dispositivo.

Lo ocurrido en el Hogar Servente no es exclusivo de este lugar, desde la CPM ya se relevaron en el último año diferentes vulneraciones de derechos humanos en otros establecimientos asistenciales dependientes y/o conveniados del Organismo de Niñez y Adolescencia. Estos hechos dan cuenta de los problemas estructurales de las políticas de niñez en la provincia de Buenos Aires, la falta de un proyecto que respete y garantice derechos de los jóvenes y la continuidad de las torturas y malos tratos –ya no sólo en los Centros Cerrados y de Recepción que alojan a jóvenes en conflicto con la ley penal–, sino también en dispositivos del Sistema de promoción y protección de derechos que aloja niñeces con medidas de abrigo.

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