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La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires actualizó el estado de las negociaciones con las obras sociales

/Difusión Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires -FABA Informa /


Las negociaciones que permanentemente lleva a cabo la Federación Bioquímica con las obras sociales continúan activamente y en un marco enrarecido por la escalada inflacionaria que hasta el momento no se morigera.

Ya hemos señalado en anteriores ediciones de este medio informativo institucional, que FABA apunta en las negociaciones con cada obra social, a obtener, en distintos escalones, un 70% de mejora de la pauta arancelaria de este año con el objeto de equipararla con la de los empleados de Sanidad, ya que debemos abonar ese mismo guarismo a los empleados de nuestros laboratorios.

En el caso de las obras sociales cuyos gremios obtengan en las negociaciones paritarias un porcentaje menor al 70%, se reclama que la mejora arancelaria sea no inferior al guarismo obtenido para los salarios de los trabajadores que casa sindicato representa.

En ese marco, también se reclama que las obras sociales achiquen plazos de pago y cancelen las deudas pendientes, como lo sucedido, por ejemplo, con la de las Fuerzas Armadas, IOSFA, la que en septiembre abonó a la Federación Bioquímica tres meses de deuda, después de que FABA, pese a que no figurara en el convenio suscripto con esa mutual, cumpliera con un requisito de orden administrativo que se le solicitara.

Por otra parte, en septiembre, las obras sociales y otros agentes financiadores del sistema de salud vieron reducidos en parte los beneficios impositivos de los que vienen siendo objeto desde hace más de dos años.

Concretamente, hasta el 28 de febrero el Gobierno dispuso la reducción de las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social a las empresas del sector de Salud, de acuerdo al decreto 577/2022 publicado en el Boletín Oficial, por lo que la exención del 100% de las contribuciones patronales ahora pasó al 75%.

Además, se modificó la reducción de las alícuotas del impuesto al cheque, las que pasaron a ser “del 3,38‰ por créditos y débitos en cuentas bancarias y del 6,76‰ en operatorias relacionadas con cuentas corrientes, frente al 2,50‰ y 5‰ que rigió en el bimestre julio-agosto”.

Una buena noticia

Pero, por otra parte, las obras sociales sindicales tuvieron en septiembre una buena noticia. El Ministro de Economía Sergio Massa confirmó el día 15 de ese mes a la Confederación General del Trabajo que se giraron al Ministerio de Salud “unos 24.000 millones de pesos que irán a las obras sociales y, además, que el Gobierno incluyó en el proyecto de Presupuesto 2023 una partida especial para que las prestaciones por discapacidad sean financiadas directamente por el Estado”.

El funcionario formuló el anuncio a los sindicalistas Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), quienes, según versiones periodísticas, “salieron conformes del encuentro porque en medio de una severa crisis financiera, las obras sociales recibirán unos 6000 millones de pesos por mes hasta diciembre, que no son fondos del Tesoro Nacional sino plata genuina del sistema sindical de salud que, según fuentes oficiales, ´Martín Guzmán tenía pisada ´. Se trata de dinero que proviene del aporte de trabajadores y empresarios y debería haber sido girado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que paga los reintegros a las obras sociales”.

La misma versión indicó que “la principal preocupación, en realidad, tenía que ver con las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, que hoy representan casi un 70% de la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución y acentúan el desfinanciamiento de las obras sociales. Alberto Fernández le había prometido hace casi un año a la CGT una solución a ese tema mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que iba a permitir que las obras sociales traspasaran al Estado las prestaciones por discapacidad en los rubros de transporte y educación, pero la norma en estudio quedó trabada en los despachos oficiales, pese a la fuerte presión sindical.

Este tema fue uno de los primeros puntos que la CGT le planteó a Massa apenas asumió, pero el ministro de Economía, urgido por frenar el aumento del gasto público, pidió archivar la idea del DNU y, en cambio, propuso incorporar en el proyecto oficial una partida dentro de los mecanismos que tiene el presupuesto para solucionar este tema”.

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