Gremiales

ATE bonaerense se posicionó acerca de los beneficios para ex combatientes de Malvinas

/Difusión ATE Prvincia de Buenos Aires/


Ante el debate generado en relación a la Ley que permite que soldados suboficiales y oficiales que estuvieron en la guerra de Malvinas y que ya no revisten relación de dependencia con las FFAA, ni se les otorgaron haberes jubilatorios por esa área u otro beneficio que colisiones con la ley 10.430 y con las leyes previsionales, y que trabajan en la administración pública provincial puedan acogerse al beneficio que tienen los ex conscriptos en iguales circunstancias, sobre la reducción de edad jubilatoria, desde ATE bonaerense se ha expresado la siguiente posición.

“Creemos, en primer lugar, que tienen derechos todos aquellos y aquellas que no estén vinculados a crímenes de lesa humanidad y que no estén vinculados a torturas ni vejámenes en la guerra de Malvinas”, sentenció el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi, quien además reivindicó la tarea que vienen realizando por años distintas organizaciones de ex combatientes, veteranos y de DDHH.

“En este sentido, debemos trabajar para detectar y que no se filtre ningún beneficiario que esté vinculado de alguna manera a esta perspectiva, ya que según informes de los centros de ex combatientes habría 125 personas denunciadas y que la justicia ha frenado desde hace décadas en su investigación en cuanto a crímenes y torturas.

Al pedido de justicia de que acelere el procedimiento debemos agregarle un estricto control para que los acusados no obtengan beneficios”, planteó de Isasi.

En segundo lugar, el acceso a este beneficio no debe violentar la Ley 10.430 de empleo público provincial, ni la Ley previsional. “Si esto se cumple, vemos como un hecho positivo que un sector de soldados oficiales y suboficiales de la guerra de Malvinas accedan a beneficios equiparables al de otros combatientes de la guerra”, dijo el dirigente gremial.

Para ATE y la CTA Autónoma la Ley resulta beneficiosa si se toma la salvedad de que no se filtren torturadores ni genocidas. Para esto la maquinaria jurídica debe estar aceitada en este sentido y trabajar fuertemente para que no se filtre nadie.

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