/Fuente: ATE Nacional/

ATE tiene una propuesta de 4 puntos que incluye Autarquía plena, fin de la precarización laboral; presupuesto propio: y un mecanismo para el nombramiento de autoridades.

Ante la decisión del Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, en las reformas del sistema de estadísticas, la Junta Interna de ATE en el INDEC reclamó ser parte de la mesa que analizará esas reformas.

Más allá de que Massa ya hizo girar un borrador entre las y los integrantes del Senado, la ATE sectorial sostuvo que desde las y los trabajadores se pueden hacer aportes al nuevo marco jurídico del INDEC y en ese sentido ratificaron al periódico Tiempo Argentino que “debe haber una convocatoria ampliada a las y los trabajadores técnicos, para que se consideren nuestros puntos”.

Al respecto la ATE expresó al periódico que hay al menos cuatro puntos que consideran clave para cualquier nueva legislación que rija al organismo:

1- Autarquía plena.

2- Un mecanismo para el “nombramiento de Autoridades”. Para ello destacan la Resolución 91/2008 de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la que, explican, “habla de la dotación del organismo a esa fecha, la precariedad laboral y las designaciones irregulares de los cargos de dirección (ya que no son designados luego de ganar un concurso) situación que genera una discriminación a aquellos agentes que estén en condiciones de concursar por esos cargos críticos”.

3- Que toda reforma garantice una solución a la “precariedad laboral” que existe en el organismo, en donde denuncia ATE  hay un aumento de la cantidad de trabajadoras y trabajadores monotributistas, empeoramiento de las condiciones laborales, salida de profesionales, y rotación de personal en los equipos. Por eso aseguró que “el punto uno de la discusión debe ser que todos los trabajadores del instituto deben encontrarse en convenio, con salarios por encima de la línea de pobreza y acordes a las tareas que se realizan”.

4- La necesidad de un “Presupuesto propio y autonomía funcional”, o sea tener “un presupuesto propio y garantizado por ley para garantizar la independencia real del poder político”.