/Fuente: CIPBA/

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La situación en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), y específicamente en la Dirección Provincial de Catastro Territorial, impacta negativamente en el trabajo ligado a las actividades de mensura e inmobiliaria en nuestra provincia. Desde fines de febrero de 2026, una medida de fuerza sostenida por el gremio ATE —que incluye asambleas prolongadas y retención de tareas— mantiene virtualmente paralizado un organismo vital para el desarrollo económico y profesional de nuestra provincia.

Para los Ingenieros matriculados en el CIPBA, esta situación es un bloqueo directo a su derecho constitucional de trabajar. Las tareas de mensura, base fundamental de cualquier ordenamiento territorial y seguridad jurídica al ciudadano, se encuentran en un estado de detención burocrática, ya que, sin la aprobación de planos ni registración de estados parcelarios, el profesional queda imposibilitado de concluir su labor, afectando directamente sus ingresos y dejando su prestigio afectado frente a los comitentes.

El impacto se extiende como una onda expansiva hacia el mercado inmobiliario generando que una gran cantidad de escrituraciones se encuentren frenadas por la falta de informes catastrales y certificados actualizados que impide que los escribanos concreten las operaciones de compraventa, creando una Incertidumbre jurídica que pone en riesgo la transparencia de las transacciones y la correcta valuación fiscal de los inmuebles. Esta situación genera un evidente y claro Perjuicio al contribuyente que necesita regularizar su propiedad o subdividir para construir y que no puede ejercer sus derechos constitucionales al encontrarse atrapado en un conflicto ajeno que el Estado provincial aún no ha podido resolver.

Resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia. La legitimidad de los reclamos gremiales no puede ser moneda de cambio para el cese total de un servicio público esencial.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires debe intervenir sin más demoras y actuando con la celeridad que la situación le reclama para restablecer el funcionamiento pleno de Catastro. Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense en su conjunto no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que una vez destienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral, que día tras día solo provoca que se degrade la actividad profesional y comercial de todos los sectores involucrados congelando la actividad que ya viene golpeada.