/Por Laura Salzman – Presidenta del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires/

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La posibilidad de avanzar en una derogación o debilitamiento de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable —conocida como Ley de Etiquetado Frontal— representa un profundo retroceso en materia de salud pública y derechos ciudadanos. No se trata solamente de una norma técnica vinculada a la alimentación: hablamos de una herramienta construida colectivamente para garantizar algo tan básico como el derecho de las personas a saber qué consumen.

Sancionada en 2021 -luego de años de trabajo y movilización por parte de organizaciones sociales, científicas, sanitarias y de consumidores- la Ley se consagró como una conquista de la sociedad civil. Es por eso que hoy, más de 300 entidades de todo el país acompañamos la adhesión para evitar cualquier intento de derogación o modificación que atente contra su esencia, porque entendemos que esta política pública no puede quedar librada a los intereses del mercado ni a coyunturas políticas.

Reducir el debate a pormenores del “octógono negro” que advierte sobre excesos de azúcar, sodio o grasas, sería minimizar el alcance real de la norma. La Ley de Etiquetado Frontal es mucho más amplia y profunda: promueve entornos escolares saludables, impulsa la educación alimentaria y nutricional en las escuelas y regula la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Es decir, busca proteger especialmente a las infancias frente a estrategias de marketing agresivas que históricamente promovieron el consumo indiscriminado de productos ultraprocesados.

Durante años, la industria alimentaria construyó campañas basadas en personajes infantiles, promociones y mensajes que asocian determinados productos con la felicidad, la diversión o el bienestar, aun cuando estos alimentos presentan excesos de nutrientes críticos que atentan contra la salud individual. Frente a esto, vale remarcar, la norma que nos toca defender, llegó para equilibrar esa relación desigual entre consumidores y grandes corporaciones, ofreciendo información clara, visible y accesible.

Cualquier análisis serio sobre alimentación debe contemplar las condiciones materiales en las que viven millones de familias argentinas. Hoy, los salarios deteriorados y el aumento sostenido del costo de vida condicionan en sobremanera las posibilidades de acceder a una alimentación saludable. En un escenario donde las exigencias del bolsillo fomentan la sobrecarga laboral, los productos ultraprocesados suelen constituirse como la primera opción, por resultar más accesibles en su costo y más rápidos para cocinar que los alimentos frescos y caseros. El sistema alimentario actual está diseñado para favorecer este tipo de consumo. Por eso, defender esta Ley también implica discutir las desigualdades, y las políticas públicas que garanticen el acceso igualitario a una alimentación sana, segura y de calidad.

La preocupación frente a una eventual derogación no es abstracta. Argentina presenta índices alarmantes de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión, incluso en edades cada vez más tempranas. También persisten múltiples formas de malnutrición que afectan especialmente a los sectores más vulnerables.

Retroceder en esta legislación significaría desproteger a las futuras generaciones y debilitar herramientas fundamentales de prevención y promoción de la salud. Las políticas alimentarias no pueden evaluarse únicamente desde criterios comerciales: deben pensarse desde el impacto que tienen sobre la vida cotidiana y el bienestar colectivo.

Defender la Ley de Etiquetado Frontal es defender el derecho a la información, a la salud y a una alimentación adecuada. Y también es reconocer que las decisiones individuales sobre qué comer nunca son completamente libres cuando existen desigualdades estructurales y estrategias de mercado que condicionan el consumo.

Las conquistas en salud pública llevan años de construcción. Desmantelarlas puede tomar apenas unos días. Por eso hoy resulta imprescindible sostener y fortalecer una ley que costó mucho conseguir, y que representa un avance indispensable para toda la sociedad.