/Fuente: Colegio de Sociólogos PBA/
El Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina expresó su solidaridad con la investigadora Virginia Carolina Aparicio, quien enfrenta un sumario administrativo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y una posible exoneración vinculada con su participación en el proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en personas y ambientes.
El pronunciamiento fue difundido luego de la segunda etapa del Congreso, realizada el 24 y 25 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. La iniciativa reúne a la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA), el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires y otras entidades profesionales del país.
La declaración sostiene que “no puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos” y reclama al INTA garantizar el debido proceso, preservar la libertad de investigación y transparentar las razones de sus decisiones.
El caso de Aparicio comenzó a tomar estado público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de resultados argentinos del proyecto SPRINT y posteriormente decidió retirar a la institución de la investigación. El estudio, financiado por la Unión Europea y coordinado internacionalmente desde la Universidad de Wageningen, había incorporado a la Argentina como único país participante fuera de Europa. En el país se realizaron estudios sobre muestras humanas, animales y ambientales, con la participación de 73 voluntarios.
Aparicio es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y del CONICET y desarrolla su actividad científica en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Allí trabaja desde 1997 y desde hace más de dos décadas investiga cuestiones vinculadas con suelo, agua y plaguicidas.
En una carta pública difundida recientemente, la investigadora reconstruyó el conflicto y señaló que, mientras SPRINT continuó a nivel internacional y concluyó en 2026, en Argentina se inició un sumario administrativo en su contra. Según explicó, a fines de agosto el Consejo Directivo del INTA trató su situación y, de manera extraoficial, tomó conocimiento a través de APINTA de una posible decisión de exoneración. Al momento de publicar su carta, aclaró que todavía no había sido formalmente notificada.
La repercusión del caso también llegó al Congreso de la Nación. Durante septiembre fueron presentados en la Cámara de Diputados proyectos para expresar preocupación por la situación de Aparicio, repudiar el proceso de sumario y posible exoneración, y solicitar al Poder Ejecutivo información sobre las decisiones adoptadas respecto de la participación argentina en SPRINT. Uno de ellos fue presentado por legisladores del Frente de Izquierda; otro solicita específicamente información al Ejecutivo sobre las consecuencias de la participación argentina en el proyecto.
Para el Congreso Nacional de Sociólogos, la discusión excede la situación laboral de una investigadora. Su declaración plantea que defender a Aparicio implica también defender “el derecho de la sociedad a conocer”, la salud de las comunidades, el ambiente y la función del Estado de producir políticas públicas basadas en evidencia.
El planteo adquiere particular relevancia desde una perspectiva profesional: la sociología interviene precisamente en la producción, análisis y comunicación de conocimiento sobre problemas que atraviesan a la sociedad. Por eso, el posicionamiento del Congreso vincula el caso con una discusión más amplia sobre el papel de la ciencia pública y las condiciones necesarias para que investigadores y profesionales puedan desarrollar su tarea con autonomía.
La declaración concluye con una definición que sintetiza ese enfoque: “No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”.
/Fuente: Colegio de Sociólogos PBA/
El Primer Congreso Nacional de Sociólogas y Sociólogos de la República Argentina expresó su solidaridad con la investigadora Virginia Carolina Aparicio, quien enfrenta un sumario administrativo en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y una posible exoneración vinculada con su participación en el proyecto internacional SPRINT, que estudió la presencia de plaguicidas en personas y ambientes.
El pronunciamiento fue difundido luego de la segunda etapa del Congreso, realizada el 24 y 25 de septiembre en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. La iniciativa reúne a la Asociación de Sociólogos de la República Argentina (ASRA), el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires y otras entidades profesionales del país.
La declaración sostiene que “no puede existir ciencia pública si se persigue, censura o disciplina a quienes investigan y comunican resultados incómodos” y reclama al INTA garantizar el debido proceso, preservar la libertad de investigación y transparentar las razones de sus decisiones.
El caso de Aparicio comenzó a tomar estado público en 2023, cuando el INTA suspendió la presentación de resultados argentinos del proyecto SPRINT y posteriormente decidió retirar a la institución de la investigación. El estudio, financiado por la Unión Europea y coordinado internacionalmente desde la Universidad de Wageningen, había incorporado a la Argentina como único país participante fuera de Europa. En el país se realizaron estudios sobre muestras humanas, animales y ambientales, con la participación de 73 voluntarios.
Aparicio es ingeniera agrónoma, investigadora del INTA y del CONICET y desarrolla su actividad científica en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce. Allí trabaja desde 1997 y desde hace más de dos décadas investiga cuestiones vinculadas con suelo, agua y plaguicidas.
En una carta pública difundida recientemente, la investigadora reconstruyó el conflicto y señaló que, mientras SPRINT continuó a nivel internacional y concluyó en 2026, en Argentina se inició un sumario administrativo en su contra. Según explicó, a fines de agosto el Consejo Directivo del INTA trató su situación y, de manera extraoficial, tomó conocimiento a través de APINTA de una posible decisión de exoneración. Al momento de publicar su carta, aclaró que todavía no había sido formalmente notificada.
La repercusión del caso también llegó al Congreso de la Nación. Durante septiembre fueron presentados en la Cámara de Diputados proyectos para expresar preocupación por la situación de Aparicio, repudiar el proceso de sumario y posible exoneración, y solicitar al Poder Ejecutivo información sobre las decisiones adoptadas respecto de la participación argentina en SPRINT. Uno de ellos fue presentado por legisladores del Frente de Izquierda; otro solicita específicamente información al Ejecutivo sobre las consecuencias de la participación argentina en el proyecto.
Para el Congreso Nacional de Sociólogos, la discusión excede la situación laboral de una investigadora. Su declaración plantea que defender a Aparicio implica también defender “el derecho de la sociedad a conocer”, la salud de las comunidades, el ambiente y la función del Estado de producir políticas públicas basadas en evidencia.
El planteo adquiere particular relevancia desde una perspectiva profesional: la sociología interviene precisamente en la producción, análisis y comunicación de conocimiento sobre problemas que atraviesan a la sociedad. Por eso, el posicionamiento del Congreso vincula el caso con una discusión más amplia sobre el papel de la ciencia pública y las condiciones necesarias para que investigadores y profesionales puedan desarrollar su tarea con autonomía.
La declaración concluye con una definición que sintetiza ese enfoque: “No hay desarrollo sostenible sin ciencia pública. No hay ciencia democrática sin libertad para investigar”.