/Fuente: CIPA/

Servicios con tarifas actualizas pero con seguridad ignorada
El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresa su profundo pesar y su solidaridad con la familia y los seres queridos de la persona fallecida, con los heridos y sus familias, con los vecinos y comerciantes de Remedios de Escalada afectados por la explosión y el incendio ocurridos en la mañana de hoy en la intersección de las calles coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, partido de Lanús.
Asimismo, el CIPBA resalta la labor de los bomberos, del personal de Defensa Civil, de los equipos de salud y de todos quienes intervinieron en la emergencia arriesgando su propia integridad.
Según la información pública disponible, el siniestro se habría originado en la rotura de una cañería de distribución de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red que se ejecutaban en la vía pública. Corresponde a la Justicia determinar las causas y las responsabilidades del caso, y el CIPBA pone a disposición de las autoridades judiciales y administrativas la colaboración técnica de sus matriculados que pudiera resultar necesaria.
Sin perjuicio de ello, el CIPBA no puede dejar de manifestar su preocupación institucional por una grave situación que excede este hecho puntual, ya que es notorio el descuido de la seguridad de las personas y sus bienes que muestran diariamente tanto las empresas prestatarias de servicios, como sus contratistas y por sobre todo el Estado, en todos sus niveles de gobierno —municipal, provincial y nacional— en su rol de ente rector con poder de policía como autoridad de aplicación y control de las obras con aperturas en la vía pública, donde por la formación universitaria recibida solo deben intervenir Ingenieros con perfil y alcance de título suficiente para estas tareas.
Afirmamos lo relatado en el párrafo anterior por los siguientes motivos:
Metrogas como empresa prestataria del servicio de gas se limita, a requerir el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir la presentación del contrato de la tarea profesional visado por el Colegio, lo que no le permite al CIPBA verificar que el profesional tenga incumbencia y aptitud para la tarea concreta que se le encomienda, que se encuentre efectivamente habilitado para ejercer —con su matrícula al día, sin inhabilitaciones ni sanciones vigentes—, ni que realmente haya asumido la responsabilidad técnica de esa obra en particular. El contrato visado y los aportes son, precisamente, los instrumentos que la ley prevé para acreditar todo ello obra por obra. En lo relativo a la inspección de la obra queda claro también que por esta parte NO HABÍA UN INGENIERO MATRICULADO EN NUESTRA PROVINCIA ACTUANDO
EXGADET como empresa contratista fue intimada por el CIPBA mediante CD de fecha 03/12/2025, contestando la misma que había registrado la tarea en otro Colegio Profesional, es decir que la empresa declaró que NO HABÍA UN INGENIERO MATRICULADO EN NUESTRA PROVINCIA ACTUANDO.
La municipalidad de Lanús en su ordenanza 1287 que regula este tipo de obras solo exige la matriculación, no los contratos, siendo funcional a la conducta empresaria ya descripta.
En el ámbito provincial, esta falta de exigencia de efectivo cumplimiento de las leyes provinciales que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y la matriculación (Ley N.º 10.416) y el régimen de aportes previsionales de los profesionales de la ingeniería (Ley N.º 12.490) alcanza al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, que como órgano de control de las haciendas municipales, debería verificar que los municipios exijan el cumplimiento de las leyes de ejercicio profesional junto con los aportes en las obras y permisos que autorizan o contratan. Esta conducta permite evasiones que pueden generar daños económicos al erario municipal, además de afectar los recursos del sistema previsional de los profesionales de la ingeniería.
En el ámbito nacional, preocupa que el Estado mantenga sin aprobar por presiones corporativas de otras profesiones sin formación para estas tareas, el proyecto de norma NAG-225 “Sistema integral de matriculación para instaladores de gas”, puesto en consulta pública por Resolución ENARGAS N.º 247/2019, que define claramente y de acuerdo con la formación educativa recibida por cada uno las incumbencias de ingenieros, arquitectos y técnicos en las instalaciones de gas. Siete años después, el ente regulador nacional aún lo mantiene en proceso. La falta de definición de esa norma atraviesa los períodos de gobierno y deja sin un marco claro la responsabilidad profesional sobre trabajos que, como lo demuestra este hecho, comprometen directamente la seguridad pública.
Las obras sobre redes de servicios públicos que se realizan en la vía pública, y en especial las vinculadas a redes de gas y energía eléctrica, son trabajos de ingeniería que entrañan riesgos ciertos para la seguridad de las personas y de los bienes. Por esa razón deben contar con un profesional Ingeniero matriculado que asuma la representación técnica, con el correspondiente contrato visado ante el CIPBA y con los aportes ingresados a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (CAAITBA).
Estas exigencias no constituyen un mero trámite administrativo, sino que garantizan que exista un responsable técnico identificable, con incumbencia profesional para la tarea y sujeto al control ético y disciplinario del Colegio, que planifique los trabajos, verifique las interferencias con otras instalaciones y asegure la aplicación de los protocolos de seguridad y de actuación ante emergencias. Cuando las autoridades que otorgan los permisos y controlan las obras, en cualquiera de los niveles del Estado, no verifican la intervención que ese profesional, sea Ingeniero con contrato visado y con los aportes correspondientes, se debilita un eslabón esencial de la cadena de control que la legislación provincial estableció para proteger a la comunidad.
Las cuestiones descriptas en estos párrafos dan muestra de un desinterés manifiesto en la exigencia de calidad en los servicios por parte de sus prestadores, con precios e impuestos crecientes sin que el Estado adecúe su marco y conducta regulatoria a la salvaguarda de la comunidad en vez de la conservación de intereses corporativas dejando ejercer a profesionales formados para otra cosa.
El CIPBA desde hace tiempo viene llamando la atención sobre estos hechos tanto en el sistema eléctrico provincial al OCEBA como ente regulador, a EDESUR y a Metrogas como distribuidores de energía eléctrica y de gas en el Gran Bs. As. sin que nadie tome conciencia de la gravedad de sus incumplimientos y de la magnitud de sus posibles consecuencias, solo preocupándose por la revisión tarifaria, de haber sido atendidas nuestras advertencias la comunidad de Remedios de Escalada no estaría atravesando este difícil momento.