Gestión Pública

La Defensoría logró que Camuzzi le reconecte el gas a Elsa y a su madre de 106 años

/ Prensa Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires/


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La empresa lo decidió luego de la intervención del organismo que conduce Guido Lorenzino. También pagó los arreglos para que la instalación sea segura y le ofrecerá la tarifa social.

Tras la intervención del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, Camuzzi dio marcha atrás y volvió a conectarle el servicio de gas a Elsa Fernández, la jubilada de La Plata que vive con su madre de 106 años.
Además, costeó los arreglos necesarios para que la instalación se ajuste a las exigencias, lo que posibilitó que volvieran a conectarle el medidor y puedan tener seguridad cuando usen el servicio. Por otro lado, la empresa le ofrecerá la tarifa social a la mujer de 80 años.
“El de Elsa es un caso que tiene que servir para que las empresas de servicios públicos y las autoridades entiendan la grave situación de vulnerabilidad que viven muchos usuarios. Es necesario que cambien la lógica y que analicen la particularidad de cada caso antes de ejecutar cualquier tipo de acción”, expresó Lorenzino.
Lo dispuesto por Camuzzi tiene lugar luego de la denuncia hecha por la Defensoría, que incluyó un pedido para que la Justicia Federal exija a la empresa reconectarle el servicio a las jubiladas, y que había alcanzado al Enargas, el ente regulador que, para el organismo, también le había dado la espalda al fallo del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que obliga a que no se interrumpa la prestación si el usuario no puede pagar.
En ese sentido, Lorenzino remarcó que “era un caso que se resolvía apelando al sentido común. La empresa tiene que entender que, por encima de las ganancias, están las personas, porque lo que prestan es un servicio público, y lo que se impone es garantizar que los usuarios, sobre todo los que más lo necesitan, tengan un servicio óptimo que les permita llevar una vida digna”.
Camuzzi le había quitado el medidor a las jubiladas luego de que trascendiera el caso por la denuncia que habían hecho ante la Defensoría por haber recibido una deuda que les era imposible pagar. Si bien desde la empresa había argumentado deficiencias en la instalación, el organismo siempre entendió que encubría la decisión de hacerlo por falta de pago.

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