Gestión Pública

La concejal Florencia Rollié denunció que faltan 1153 millones de pesos pagados a Cooperativas

/Audio: Concejal Florencia Rollié/ Gacetilla: Prensa Florencia Rollié/

“DENUNCIÉ EN SEDE PENAL PARA QUE SE INVESTIGUE EL DESTINO DE 1.153,2 MILLONES DE PESOS GASTADOS EN COOPERATIVAS QUE NO TIENEN EXPLICACIÓN”

La concejal Radical Florencia Rollié presentó en la mañana de hoy una DENUNCIA PENAL ante la mesa de entradas de la Fiscalía Penal solicitando se investigue “la presunta comisión de delitos de acción pública, en particular de Fraude en Perjuicio de la administración pública (art 174 inc 5 CP), violación de los deberes de funcionario público (art 248 CP), y la existencia de una asociación ilícita (art 210 CP), como así también se determine quienes son sus autores penalmente responsables”.

Reproducir Declaración:

 

imageEn la misma la edil de la UCR explica que La Municipalidad de La Plata contrata a distintas cooperativas la prestación de servicios diversos que son de su propia responsabilidad como el barrido, zanjeo, recolección de residuos, obra de mantenimiento urbano, y que dicha operatoria surgió producto de la crisis de 2001 y 2002 y la des-formalización de la economía, por lo que el sector público adoptó como forma de vínculo la contratación directa entre el Estado y cooperativas armadas a ese efecto con el objetivo de generar empleo, reducir los costos para el sector público y obviar los mecanismos de control que la legislación plantea para otro tipo de contrataciones con el sector privado. Esa herramienta generada para la emergencia quedó instituida como permanente no ya para los dos primeros objetivos que la actividad económica resolvió más allá de los vaivenes de los ciclos argentinos, sino porque permite asignar en forma directa y arbitraria al contratante con el Estado y por ende favorecer a los amigos del poder de turno.

Florencia Rollié relata en su denuncia que “a medida que la herramienta del uso de cooperativas se consolidaba aumentaban las informaciones de los nichos de corrupción que se iban consolidando a su alrededor, haciendo principalmente responsables a los funcionarios que usaban de las mismas en su propio provecho y utilizándolo políticamente. El peso relativo del gasto para el Estado por este concepto ha ido aumentando sin que los titulares de esos puestos de trabajo informales se vean beneficiados, sea en cantidad como en remuneración, sino que por el contrario se encuentran sujetos a condiciones cada vez peores y sus retribuciones, fijas o muy poco ajustadas, han sido erosionadas por la pérdida de capacidad adquisitiva del peso argentino.

La concejal Radical concluye que “ello obliga a plantear la existencia de por lo menos dos sistemas de acumulación fuera del Estado del recurso gastado que hace presumir la existencia de nichos de corrupción. Uno, en el plano superior, en función del total del gasto versus lo efectivamente abonado formalmente a cada cooperativista por la cantidad de ellos prestando tareas y por ende recibiendo remuneración. Esa enorme diferencia sólo puede recaudarse a nivel de los funcionarios autorizantes del pago y las autoridades de las cooperativas que perciben esos montos en nombres de las mismas. Y dos, en la misma base de la pirámide, en la que además de recibir una retribución miserable, cada cooperativista debe abonar a la persona referida, sea un puntero, delegado o funcionario, un porcentaje de esa suma, para seguir prestando esa tarea o para no realizarla, de acuerdo a la voluntad arbitraria de aquel de quién depende estar en la lista de los cooperativistas”.

Florencia Rollié basa también su denuncia en lo que manifestara el 21 de diciembre de 2015 el intendente municipal Julio Garro en nota de esa fecha al diario El Día de La Plata en la que anunció que “en torno a la presentación judicial que efectuará el Municipio para investigar las contrataciones de cooperativas: “hemos detectado una sobre facturación” y sentenció que “hay diferencias abismales entre lo que se le pagaba a cada trabajador y lo que percibía a cambio cada cooperativa”. Detalló en ese sentido que en el Registro de Cooperativas que lanzó el Municipio hay una 5 mil personas inscriptas, las cuales declararon un promedio salarial de 3.500 pesos cada una. “El total que tendría que costarle un mes de sus servicios al Municipio es de casi 18 millones de pesos, sin embargo, los intermediarios reclaman 55 millones”, afirmó. En ese contexto se preguntó

“¿Dónde iban a parar los más de 30 millones de pesos que no llegaban a los bolsillos de los trabajadores?” y dijo que pedirá a la Justicia Penal que es la encargada de investigarlo y obtener una respuesta”

La concejal Radical expone que en los años 2016 y 2017 el mismo intendente Julio Garro es presa de su mismo razonamiento y que en dichos años le cabe la misma acusación que él le formulara a su antecesor Pablo Bruera, por un total de 1.153,2 millones de pesos. Por lo que la edil de la UCR solicita entonces se investigue la ruta de dicho dinero, se determinen responsabilidades administrativas fiscales y penales y se recupere todo dinero mal habido fruto del aporte de los contribuyentes. Aporta como pruebas además un conjunto de pedidos de informes de su autoría que no tuvo de parte del Concejo Deliberante la mínima consideración, ni siquiera en comisiones , lo que produce una fuerte desconfianza de parte de la ciudadanía.

Prensa Florencia Rollié

La Plata marzo 12 de 2019

 

Se adjunta proyecto de denuncia completo (Click)

 

Categorías:Gestión Pública

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