/Difusión Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires/

Hay una importante diferencia entre lo que reclama FABA y lo que ofrecen las empresas del sector.

Las tratativas que la Federación Bioquímica viene llevando a cabo con las empresas de medicina prepaga se desarrollan de una manera extremadamente complicada debido a que las compañías, que aplicaron en diciembre último un incremento del 12% en el valor de las cuotas que cobran a sus afiliados, ofrecen a los prestadores una mejora arancelaria muy lejana a ese porcentual.

Las posiciones, tanto de FABA como de las prepagas se han endurecido, y si bien existen ciertas diferencias entre las distintas empresas, ninguna se acerca mínimamente a trasladar a los prestadores el mismo porcentaje de aumento y a partir del mismo mes.

Si bien hay matices, la línea general de las negociaciones es esa; no se encuentran puntos equidistantes y la situación tiende a prolongarse indefinidamente, lo que hace que sea más necesario que nunca la intervención del gobierno nacional para regular ese y otros aspectos de las relaciones de las prepagas médicas y los efectores sanitarios que brindan servicios a sus beneficiarios, tal como establece la legislación que está vigente en la materia.

En ese sentido, debe citarse una información consignada en enero por el portal informativo de internet Tiempo Argentino, en el que el periodista Jonathan Reed asegura que “el gobierno evalúa un nuevo esquema para las subas de las prepagas”.

A lo largo de 2019, mientras el índice general de inflación fue del 53,8%, las prepagas aumentaron el valor de sus cuotas en un 62%. Según la nota aludida, la iniciativa de revisar de ahora en más el mecanismo para autorizar incrementos de las prepagas estará a cargo de la Superintendencia de Salud, organismo cuyo nuevo titular es el Lic. Eugenio Daniel Zanarini.

Se señaló que fuentes de la Superintendencia manifestaron que «no se puede ir para atrás con los aumentos que se dieron porque fueron hechos de manera legal. No se puede hacer nada con eso. La idea es avanzar de aquí en más con una nueva manera de implementar las subas».

Reed puntualiza que la misma fuente sostuvo que “la idea es no colocar siempre como variable de ajuste a la persona que paga una cuota. Hay que rever todo el sistema. El tema es complejo porque también es cierto que los insumos de las prepagas están dolarizados y suben mucho. Vamos a analizar cada caso en particular. No sólo cada suba, sino también la situación de cada prestador en particular, con el fin de hacer un equilibrio que logre la sustentabilidad del sistema».

Este último punto en particular viene siendo reclamado por la Federación Bioquímica públicamente para que el Estado regule la actividad y no permita que los aranceles profesionales que las prepagas abonan a sus prestadores continúen siendo la variable con la que las empresas ajustan sus ganancias”.

A mediados de enero, representantes de las principales prepagas se reunieron con el Ministro de salud de la nación y le advirtieron que, si no son beneficiadas desde lo tributario y sin la autorización de otro posible aumento, no estarían en condiciones de pagar a sus empleados los 4.000 pesos de suba salarial dispuestos por el gobierno para febrero y marzo.

Por otra parte, se supo recién en enero que las prepagas finalmente quedaron exceptuadas en la ley ómnibus llamada de “emergencia y solidaridad”, de la obligación inicialmente incluida en el artículo 81° de esa norma por la que esas compañías hubieran tenido que contribuir al Fondo Solidario de Redistribución del sistema de obras sociales, según publicó el matutino Clarín.