Gremiales

CICOP exigió políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia de género

/Difusión CICOP/


Otra vez la vida de una mujer es arrasada por la violencia machista, en complicidad con el sistema policial y judicial sin perspectiva de género. Esta vez le tocó a Úrsula, una joven asesinada por 15 puñaladas que le ocasionó su pareja el 9 de febrero en la ciudad de Rojas, Provincia de Buenos Aires. Matías Ezequiel Martínez, su asesino, es policía bonaerense y Úrsula lo había denunciado por violencia y hostigamiento en varias oportunidades sin obtener respuesta que le asegurase un resguardo de su salud y de su vida. Otro femicidio que podía evitarse. Ninguna de las denuncias de Úrsula fue escuchada.

Cabe destacar que el femicida ya tenía denuncias hechas por otras ex-parejas por ejercer violencia por razones de género, lo que motivaba su traslado a otras dependencias policiales.

Según el Observatorio Mumalá, el 12 % de los femicidios al 31 de enero de 2021 fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, en actividad o retirados. Desde que comenzó 2021 y al 14/02, 46 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina, de acuerdo al registro del Observatorio Lucía Pérez. No son cifras, son vidas; ¡familias destruidas y un Estado responsable!

El gobierno bonaerense y el de cada una de las distintas provincias debería garantizar la investigación inmediata de todas las denuncias por violencia machista contra agentes de las fuerzas de seguridad y actuar en consecuencia: destitución del cargo y retiro de armas, tanto de los que están en actividad como del personal retirado. Ante el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, vulnerando el derecho de las personas, tanto policías como jueces, deberían ser investigados y procesados.

Es fundamental la aplicación de la Ley Micaela para que la perspectiva de género sea transversal en todos los sistemas de atención de mujeres, niñez y disidencias, víctimas de situaciones por razones de género, en los sistemas judicial, policial y sanitario. También debe haber plena implementación de la ley de Educación Sexual Integral.

Es muy urgente y necesario disponer de presupuestos y recursos para PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO, con políticas que involucren mayor territorialidad para mejorar el acceso, con incremento del personal capacitado, con un abordaje integral, con un enfoque de género y derechos en cada situación, con un acompañamiento transversal y multidisciplinario que no deje a quien denuncia en peores condiciones que antes de denunciar. Del mismo modo, se debe garantizar el patrocinio jurídico gratuito, con fortalecimiento de la red de refugios (hogares integrales), articulación adecuada con las distintas jurisdicciones municipales, provinciales y nacionales, así como con los distintos organismos barriales. La provisión de Dispositivos Electrónicos Duales es importante para restricciones más efectivas, así como los botones antipánico.

Es imprescindible que se amplíe la mirada sobre la violencia por razón de género como un problema social y estructural y que el Estado pueda detener este flagelo con políticas públicas concretas.

¡¡¡Por Úrsula y por todes, volvemos a decir que Vivas nos queremos!!!

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