Gremiales

La AJB solicitó medidas de la Corte y de los Colegios Profesionales «ante la proliferación de denuncias contra peritos»

/Difusión Asociación Judicial Bonaerense/


Ante las reiteradas denuncias que sufren las y los profesionales que desempeñan sus tareas en el Poder Judicial, la Comisión de Peritos de la AJB emitió un comunicado solicitando medidas urgentes a la Suprema Corte y a los Colegios Profesionales.

Pronunciamiento de la Comisión de Peritos de la AJB ante la proliferación de denuncias contra los y las Peritos

Considerando las denuncias que vienen repitiéndose contra los y las peritos que se desempeñan realizando evaluaciones o pericias en violencias de género y de abusos sexuales en las infancias, desde la Comisión de Peritos de la AJB nos dirigimos a los Colegios Profesionales y al Poder Judicial.

A modo introductorio es pertinente definir brevemente el contexto de estas evaluaciones, resaltando las particularidades subjetivas predominantes en los y las evaluadas: mujeres que han padecido, muchas veces durante años, violencia de parte de sus parejas, teniendo como consecuencia un empobrecimiento yoico, desconfianza en sus posibilidades de salir de ese padecimiento, falta o disminución de sus redes de apoyo y sobre todo el terror que reduce sus propios recursos y herramientas; y por otro lado, niños, niñas y adolescentes (NNyA) maltratados y abusados generalmente por alguien cercano a sus afectos, los y las que llegan desconfiadas, silenciadas, a dominacia con traumatismo psíquico y sufrimiento subjetivo intenso, y posibles presiones del contexto de pertenencia que a veces es contenedor y afectivo y a veces no logra serlo.

De tal modo llegan mujeres y NNyA que dan cuenta de lo que ocurre en sus familias de una manera propia y ajustada a la capacidad simbólica y recursos subjetivos a través de relatos, juegos y/o dibujos. Así es, que surgen múltiples manifestaciones (discursivas, gráficas, lúdicas y elementos inmetabolizados de lo real), que expresan vivencias traumáticas a lo largo de su historia. Para que ocurra tal posibilidad de expresión, debe crearse un clima de confianza, un espacio hospitalario y seguro. Es en ese punto que la labor del o la profesional que evalúa o perita dentro del poder judicial, se vuelve específica y fundamental.

Sabemos la responsabilidad que nos cabe, al ser quienes cercamos las consecuencias psíquicas en las víctimas del padecimiento que expresan, ya sea en la labor pericial propiamente dicha o en la asistencia a los juicios orales; y que el saber hacer técnico es inescindible de la facilitación de la palabra y todo modo de expresión, la contención y la preservación de la privacidad y el cuidado.

En los contextos de tales problemáticas, la intervención del Poder Judicial da la posibilidad que se ponga freno a la violencia que las víctimas vienen padeciendo con vivencias de encerrona trágica. La celeridad de dicha intervención resulta imprescindible, en primer lugar para establecer una terceridad que proteja a las víctimas, sancione las vejaciones; y luego,  se pueda comenzar a reparar el daño que el maltrato ocasionó, y abrir la potencialidad de una mejor calidad de vida.

Para que estas medidas de protección a las que hacíamos referencia se dispongan, muchas veces es necesario considerar los informes periciales.

Por otro lado, pero no menos importante, resulta imprescindible explicitar el contexto social donde estamos situados: pensar nuestra función pericial a la luz del fenómeno del backlash.

En nuestro país, a principios del año 2000, ante la visibilización y los avances científicos en materia de abusos sexuales contra las infancias, emergió una reacción virulenta que reconocía antecedentes en EEUU, promovida por asociaciones de padres con impedimento de contacto con los hijos e hijas por haberlos victimizado, que contaban/cuentan con estudios de abogados y abogadas, y soporte de equipos interdisciplinarios. La reacción consistió y consiste en atacar por medio de denuncias y difamaciones a los y las profesionales que asisten a las víctimas y a los y las peritos que intervienen en los expedientes judiciales, con una estrategia planificada de denuncias tanto judiciales como ante los Colegios Profesionales y difamaciones en los medios y redes sociales. A posteriori ante el avance del movimiento feminista, se extendió el ataque hacia los y las profesionales que intervienen en las problemáticas de violencia de género. La metodología, a su vez, se ramificó más allá del núcleo originario.

Desde que comenzó a instalarse el backlash, se acusó de mala praxis a profesionales por haber firmado informes que daban cuenta de las consecuencias presentes en niños y niñas que padecieron abuso sexual incestuoso, maltrato y/o violencia. La meta no ha sido solo la denuncia contra un o una profesional sino el efecto pedagógico hacia el resto, acerca sobre que le aguarda si actúa con criterio científico y un posicionamiento ético. La ofensiva es solidaria con la propagación de teorías ideológicas, y pseudocientíficas como el SAP y la Construcción de Memorias, en un momento de amplia aceptación en el seno del Poder Judicial, aunque de nula acogida en los ámbitos científicos.

A este panorama complejo, debemos agregar la precarización laboral de los y las peritos (empobrecimiento de las plantas profesionales, gran cantidad de entrevistas semanales, las imposibilidades estructurales para el trabajo interdisciplinario, el no reconocimiento de una paridad salarial con respecto a otros profesionales judiciales), situación que la pandemia agravó con la responsabilidad del trabajo telemático en las mentadas problemáticas, y el desgaste profesional histórico (trauma vicario y burnout) que fragilizan los recursos de los y las peritos en el día a día, y nos tornan más vulnerables a los ataques provenientes del Backlash.

Ante la avanzada acuciante de este movimiento que opera en detrimento de la defensa de las y los sujetos más vulnerables de la sociedad, resulta evidente que las denuncias contra los y las profesionales que se desempeñan idóneamente, es un requisito imprescindible para garantizar el statu quo.

Toda intervención pericial debe ser analizada considerando el contexto descripto, así como la diacronía de intervenciones sobre las situaciones de violencias dentro de las familias. Ignorar el marco histórico por parte de las instituciones (dependencias judiciales, Colegios Profesionales, etc.) resulta, por lo menos, un acto de ingenuidad que termina contribuyendo a la meta de encerrona trágica de las víctimas, la impunidad de los agresores y el asedio contra las y los profesionales.

Exhortamos a los Colegios Profesionales y al Poder Judicial a tomar medidas contundentes contra los amedrentamientos a los y las peritos y profesionales que intervienen en problemáticas de abuso contra las infancias y de violencias en general, en pos de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de buenas prácticas.

Comisión Provincial de Peritos de la AJB

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