/Fuente: Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires/

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En una multiplicidad de tratativas se mantiene la misma dinámica de los últimos meses del año.

El panorama de los acuerdos prestacionales y de negociaciones por valores arancelarios que la Federación Bioquímica lleva adelante en forma ininterrumpida a lo largo del año tanto con las obras sociales sindicales como con las empresas de medicina prepaga, durante agosto mantuvo la misma tónica que se viene observando desde hace varios meses.

Como es sabido, ambos sectores se financian de distinta forma: las prepagas lo hacen con la cuota de sus afiliados y las obras sociales con los aportes que surgen de los salarios de los trabajadores a quienes prestan servicios de salud.

Mensualmente los aumentos que las compañías prepagas aplican a las cuotas difieren entre sí, aunque no con demasiadas variaciones, pero en todos los casos, vienen trasladando a los aranceles de los profesionales del laboratorio los mismos guarismos que aplican a las mensualidades que perciben de sus afiliados.

La situación de las obras sociales es diferente debido a que los ingresos de estas mutuales se ubican en función directa con los salarios de sus afiliados. Y el campo de las negociaciones paritarias es variopinto y depende del volumen de cada gremio; además, no todas las tratativas salariales se llevan a cabo al mismo tiempo.

Y precisamente por esta causa tienen marcada importancia los acuerdos que sostienen con la Federación Bioquímica, pactando, según los casos, mejoras arancelarias a cuenta de futuros aumentos salariales, además de retribuciones profesionales que se mantienen en un nivel acorde a las posibilidades de cada gremio, aunque siempre dentro de una franja de valores aceptados por FABA.

Un problema común

No obstante, las grandes diferencias existentes entre prepagas médicas y obras sociales, ambos sectores tienen desde hace poco menos de dos meses un problema en común sobre el cual vienen profundizando críticas.

Ese problema, del que diéramos un primer pantallazo en la última edición de FABAInforma, es el llamado PROMESA (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) manejado por el Ministerio de Justicia y que sintéticamente consiste en la implementación de una “instancia de mediación optativa”, antes de la sustanciación de un reclamo vía judicial por parte de afiliados a cualquiera de estos agentes financiadores del sistema de salud.

Calificadas fuentes gremiales que manejan los temas sanitarios, durante agosto y en forma insistente hicieron hincapié en que el PROMESA, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), “acelera plazos y multas onerosas para aquellas prestatarias que no contesten a tiempo las denuncias de afiliados” debido a que “los agentes de salud deben dar respuestas efectivas reduciendo el plazo a tan sólo cinco días corridos invirtiéndose la carga de la prueba. Además, las denuncias deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la notificación, cuando antes podían tardar hasta dos años”.

“Los gremios vemos cómo el Gobierno sigue encorsetando y asfixiando a la estructura económica de los sindicatos y sus obras sociales. El sistema está explotado hace décadas, las prepagas siguen aumentando mes a mes y más que la inflación; mientras nosotros seguimos con los salarios que sólo homologan aumentos del 1% y por lo tanto recaudando los mismos aportes para nuestro sistema de salud”, se añadió.

También se destacó que “con esta resolución buscan otra manera de agravar la situación: fijan en 5 días corridos las respuestas a las denuncias de los afiliados. Hay que imaginar a la Obra Social de Empleados de Comercio que tiene más de un millón de aportantes; si en un día se presentan 100 denuncias cómo se hace para responder en 5 días situaciones que en muchos casos son complejas y en las que hay que evaluar un historial del paciente”, se ejemplificó.

Situación de crisis

En otro orden y con la “premisa de reordenar el sistema de salud”, el Gobierno declaró en crisis a Obra Social del Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro y la Obra Social del Personal Mensualizado del Jockey Club de Buenos Aires y los Hipódromos de Palermo y San Isidro. La decisión se debe a que las entidades presentaron factores de criticidad superiores a los valores límite establecidos para su funcionamiento en relación a aspectos prestacionales, jurídico- institucionales, contables y de atención al beneficiario.

La dependencia oficial intimó a estas entidades a entregar un plan de contingencia en un plazo no superior a 15 días. El seguimiento de la situación de ambas obras sociales estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.

En este sentido, se evaluarán también indicadores económico-financieros, capacidad de repago de la entidad y su dependencia de subsidios financieros.

“La gestión de la S.S.Salud tiene como principal objetivo fortalecer el rol fiscalizador del organismo para así garantizar un sistema de salud sustentable que permita el acceso a prestaciones de salud de calidad para la población”, dicta el comunicado oficial.

Días atrás, también se había declarado en crisis a la Obra Social Asociación Mutual Metalúrgica Villa Constitución. De este modo, el Agente del Seguro de Salud deberá presentar un plan de contingencia que incluya, como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral y un conjunto de acciones que se aplicarán al momento de su puesta en marcha.

“Esta decisión se da en el marco del reordenamiento del sistema de salud que viene realizando la Superintendencia desde el inicio de su gestión y que busca resguardar la sustentabilidad de los Agentes y garantizar que los beneficiarios accedan a servicios de salud de calidad”, señalaron desde el Ejecutivo.

“Bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación, el organismo ratifica su compromiso con la sustentabilidad del sistema, promover la libre competencia y la libertad de elegir de los beneficiarios”, añadieron.

Además, en junio pasado el Gobierno nacional dispuso el cierre y la disolución de la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), la segunda en ser intervenida durante la gestión de Javier Milei. La entidad atravesaba una crisis institucional y financiera. Contaba con apenas 50 afiliados, y “no pudo superar los factores de criticidad requeridos para funcionar”.

Asimismo, se había eliminado la Obra Social del Personal Aduanero (OSPAD) en el Registro Nacional de Agentes de Seguro de Salud (RNAS), tras detectar irregularidades. Se trataba de la primera entidad sindical eliminada, sin afiliados ni prestaciones, considerada un “sello de goma”.